MIRADOR

Referéndum, diálogo o imposición

Los separatistas han confundido un deseo con un derecho y hecho creer a parte de la sociedad catalana que es así

Puigdemont y Junqueras se dirigen, este marte, a la reunión del Govern.

Puigdemont y Junqueras se dirigen, este marte, a la reunión del Govern. / periodico

JOAQUIM COLL

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Es significativo que Carles Puigdemont no haya aceptado la invitación de ir al Senado ni tampoco ahora al Congreso. Solo está dispuesto a discutir el cómo pero no el qué. Los separatistas parten de una premisa errónea: el derecho a decidir. Lo demuestra que no exista ninguna instancia internacional donde reclamar su ejercicio. Han confundido un deseo con un derecho, y hecho creer a parte de la sociedad catalana, tendente al buenismo, que es así. Conscientes de que la legalidad no les amparaba, han buscado el choque de legitimidades. Pero tampoco han logrado su objetivo.

Para empezar, porque el 27-S del 2015 los partidos separatistas perdieron su autoplebiscito. Y si sumamos a Catalunya Sí que es Pot, tampoco hay dos tercios de diputados favorables a celebrar un referéndum “efectivo y vinculante” como propugnan. Dos tercios es el quórum que se exige para reformar el Estatut o aprobar una ley electoral propia, de la que el Parlament carece porque los partidos catalanes nunca se han puesto de acuerdo. Si es lógico exigir mayorías cualificadas para cosas tan importantes, aún más para algo grave e irreversible como la secesión.

La falta de legalidad y legitimidad pretenden suplirla mediante agitación y propaganda: a golpe de manifestaciones y encuestas diseñadas para contestar afirmativamente. Este lunes, Puigdemont en Madrid volverá a repetir el mantra de que el 80% de los catalanes quieren votar su futuro, que es tanto como decirle a la gente: ¿quiere usted ser ninguneado o tenido en cuenta? En cambio, cuando se pregunta de verdad, el 55% ve el referéndum como algo socialmente divisorio, según el GESOP.

Un tercer problema, no menor, es que hoy en Catalunya no hay condiciones democráticas para llevar a cabo algo así. Ni los medios públicos son imparciales ni las instituciones de autogobierno neutrales. La propuesta de referéndum no pasaría el código de buenas prácticas que marca la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Joan Ignasi Elena, coordinador de la plataforma prorreferéndum, ha reconocido en diversas ocasiones que “estar a favor del referéndum es tan democrático como estar en contra”, afirmación que invalida el eje principal de su campaña, según la cual esto “no va de independencia, sino de democracia”. Si lo primero es cierto, lo segundo no es verdad. Puigdemont nos lo aclara al negarse a discutir en el Congreso su propuesta. Solo pretende imponerla.