La autocrítica, otra vez

El desengaño colectivo sufrido por una parte de catalanes por el derrumbe de la leyenda del pujolismo -la del joven católico que lo dejó todo en segundo término, incluso la familia, por reconstruir el país-, ¿servirá para algo más que para multiplicar la desconfianza en todos los políticos? Jordi Pujol consiguió ser un agente doble de sí mismo, un eficaz servidor de la Generalitat y un diligente cabeza de negocio familiar, ante los ojos de todos y el aplauso de cientos de miles. Había suficientes señales de alarma como para desconfiar, sobre todo tras la horrorosa manifestación para defenderse del 'caso Banca Catalana', sin embargo, la mayoría de las sospechas quedaron difuminadas en las actas parlamentarias y archivadas en la hemeroteca, sin excesivo tumulto.

La sociedad catalana de finales del siglo XX no puede ser señalada como la responsable de permitir los desmanes financieros protagonizados por el clan Pujol y desvelados finalmente. Allá ellos con sus tratos con la justicia; sin embargo, para el resto, sería suficiente con aceptar que en las décadas de máximo esplendor del pujolismo, sus seguidores renunciaron a la autocrítica, encandilados por la pujanza política de su mandato; peor aún, en su confusión de proyecto político y nación, se ahogó la crítica, equiparando antipujolismo con antipatriotismo.

La indignación por aquel gran engaño colectivo, ahora derivado en caricatura al conocerse el sentido del humor de Marta Ferrusola -una católica contrabandista, según los papeles filtrados-, no debería negar los méritos del gobierno Pujol ni asociar su nacionalismo (a última hora traducido en independentismo) a la corrupción económica. Pero debería vacunar a los catalanes de recaer en la credulidad acrítica para con sus gobernantes.

SALVANDO LAS DISTANCIAS

El procesismo es el “ismo” del momento, con las mismas aspiraciones de identificación absoluta con los intereses de la nación que el pujolismo, salvando las distancias con la naturaleza personalista del programa de Pujol y del objetivo final del proyecto, ahora la independencia y antes la autonomía. Lo que no cambia es el grado de adhesión exigida a los seguidores.

El buen procesista no debe expresar en público ninguna duda sobre las certezas oficiales de la jornada. Da igual que estas cambien de una día para otro. El referéndum aparece y desaparece del discurso; cuando es inevitable, a veces va a ser unilateral pese a quien pese y en otras debe ser pactado, incluso se puede describir como un brindis al sol para sacar adelante unos presupuestos. La DUI se proclama como una prioridad para convertirse luego en una hipótesis o una simple amenaza y la desobediencia se exhibe en campo propio para ser negada ante los jueces.

Las contradicciones del procesismo son innegables, pero parece ser que señalarlas es hacer el juego al Estado, que acumula su propio manojo de errores, por supuesto. ¿Nos habrá enseñado algo el descubrimiento de la doblez del pujolismo o simplemente nos quedaremos con la estupefacción de sus viejos admiradores?