Ir a contenido
Imagen aérea de la plataforma del Castor, frente a las costas de Tarragona.

JOAN REVILLAS

Prácticas de riesgo

Joan Miquel Piqué

Si ACS estuviese en el lugar del Gobierno, ¿qué condiciones contractuales habría propuesto a la empresa concesionaria del Castor?

Hace siglos que las compañías de seguros inventaron la gestión del riesgo, y desde entonces todos pagamos, de una o otra manera, para que alguien asuma aquellos riesgos que nosotros no queremos correr. Con nuestra casa, con nuestro coche, con nuestra salud, incluso con nuestra vida. Alguien calcula una prima teniendo en cuenta la posibilidad de que algo suceda, mediante métodos que nunca hemos tenido muy claros, y a partir de ese momento quizá podemos dormir un poco más tranquilos.

Pero a veces, cuando hablamos de proyectos de colaboración público-privada, parece que los riesgos se reparten de manera muy desigual, y el sector público casi nunca es la parte que sale beneficiada. Sobre todo, teniendo en cuenta que lo que está en juego es el dinero de toda la ciudadanía, esta es una cuestión que no deberíamos pasar por alto. Imaginemos el ejemplo clásico de las autopistas de peaje amortizadas hace años, o de las que han tenido que ser rescatadas con dinero público. Si pasan coches, la empresa gana; y si no pasan, la empresa cobra.

RESERVAS Y CONCESIONES

Y ahora, un caso un poco más complejo. Para garantizar el suministro de energía durante el invierno, se almacenan reservas de gas durante la primavera y el verano, inyectándolo en pozos de petróleo agotados o acuíferos salinos a cierta distancia de la costa y gran profundidad. La Administración promueve la construcción de estos almacenes, a cambio de la concesión para vender servicios a las empresas energéticas durante un periodo determinado.

Pero algo falla en las primeras pruebas para llenar el almacén, que resultan en una serie de pequeños terremotos provocados por esa la primera inyección de gas -ahora ya parece claro porque lo dice el MIT-. Y la empresa concesionaria abandona el proyecto, parece que con derecho, literalmente y por decreto, a una indemnización milmillonaria que el Gobierno financia mediante entidades bancarias y que Enagás (empresa pública) repercutirá en las facturas a sus consumidores durante 30 años, para que no tengamos que sonrojarnos ante Bruselas por aumentar los niveles de deuda pública.

Si la Administración pública quería asumir todo el riesgo de un proyecto experimental, casi mejor que lo hubiera desarrollado con medios propios, porque quizá va a salir más cara la indemnización que las exploraciones y las pruebas iniciales. Solo una cuestión: si ACS estuviese en el lugar del Gobierno, ¿qué condiciones contractuales habría propuesto a la empresa concesionaria? En general, parece que cuando se trata de venderle bienes y servicios al sector público, todos asumimos que hay empresas que aparentemente tienen una alfombra roja para posicionar sus opciones; en las infraestructuras, en la salud, en el transporte… La crisis debería habernos enseñado algunas lecciones, pero parece que algunos hábitos tienen una gran resistencia al cambio.

0 Comentarios
cargando