El salario mínimo de referencia de 1.075 euros

El salario mínimo fue un logro de las luchas obreras de finales del siglo XIX y principios del XX en los países de la Commonwealth. Posteriormente se extendió por los continentes americano y europeo. Hoy en día alrededor del 90% de los países tienen establecido algún tipo de salario mínimo, ya sea por la vía de la concertación con el sector empresarial o mediante ley.

En España se introdujo esta medida en 1963. Y hoy se establece que la cuantía mínima que debe recibir por ley una persona trabajadora está fijada en 707,60 euros mensuales, una suma claramente insuficiente para garantizar un nivel de vida digno. Recordemos en este punto, los efectos de la crisis financiera en el mercado laboral de nuestro país. Fragilidad, temporalidad y precarización definen bien el tipo de empleo que hoy se crea en el conjunto de España.

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En este escenario de generalización del precariado como nueva clase social, las familias quedan sometidas a una inseguridad y angustia que les impide afrontar con certezas mínimas el futuro ya que la economía del poscapitalismo, financiera y especulativa, impide y bloquea el desarrollo de un escenario económico sostenible a escala global. La amenaza del cambio climático es uno de los máximos exponentes del carácter depredador de este modelo desregulado.

Este modelo se opone al estado del bienestar, claramente laminado en países como el nuestro, en los que la recesión ha causado estragos en las clases medias mientras que la riqueza se concentra con descaro en muy pocas manos.

UNA RETRIBUCIÓN CLARAMENTE INSUFICIENTE

Las personas socialdemócratas y progresistas tenemos la obligación ética de rebelarnos ante esta situación. El salario mínimo que recoge la legislación española es claramente insuficiente. Pero a esta obviedad debemos sumarle otro factor. El coste de vida es variable en función del lugar en el que se vive. Así pues, personas con el mismo salario deben pagar cantidades diferentes para adquirir servicios y/o productos que les permitan vivir con dignidad. No podemos seguir obviando esta realidad.  Por eso, más allá del salario mínimo, el cual debería ser claramente revisado a la alza a nivel estatal, debemos impulsar la creación de un salario de referencia en el Área Metropolitana de Barcelona, como ya han implementado ciudades como Baltimore o Londres. Y en esta dirección, como siempre, volvemos a ser los ayuntamientos y el tejido social los que levantamos la voz.

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Las administraciones locales hemos sido verdaderas fuerzas de choque contra la crisis asumiendo la continuidad de los servicios públicos que el Gobierno central y los autonómicos han abandonado o han dejado bajo mínimos tras sus respectivos recortes presupuestarios. Y lo hemos hecho a pesar de una legislación que nos ha cortado las vías de financiación y ha hecho de la austeridad extrema la única medida para combatir el impacto de la recesión. Hasta el extremo que hoy los alcaldes y alcaldesas no podemos decidir invertir en políticas sociales los ahorros que generamos en nuestros presupuestos.

Los ayuntamientos hemos sido y seguimos siendo en esta crisis los grandes emprendedores económicos. Desde lo local hacemos políticas de rentas y de redistribución. No solo hemos suplido la ausencia de las administraciones superiores, sino que hemos creado las condiciones para reflotar y dinamizar la actividad económica y la creación de empleo, y hemos combatido la desigualdad que quiebra la cohesión social. Y no nos conformamos con un simple indicador cuantitativo de nuevos puestos de trabajo, queremos garantizar un salario digno, con unos mínimos de calidad. Por eso, ya estamos interviniendo con los instrumentos, no por modestos menos eficaces, de que disponemos.

UN ESCENARIO NORMATIVO NEOLIBERAL

La contratación pública responsable es una forma también de hacer política que puede utilizarse para ese fin, pero también es cierto que el contexto normativo no nos favorece. La actual normativa de contratos del sector público y su proyecto de nueva norma son un claro ejemplo.

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Algunos ayuntamientos, y sin perder de vista el escenario normativo neoliberal que no compartimos y que queremos cambiar, ya han puesto en marcha medidas para fomentar la retribución de un salario de referencia de 1.075 euros para las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos municipales. A su vez, la AMB ya ha favorecido que esta medida se aplique a las personas que participan en los planes de ocupación y programas de formación. Pero no nos conformamos con eso, queremos ir más allá y extender esta medida al resto de personas trabajadoras de nuestras ciudades mediante la vía de la concertación social. Algunos ayuntamientos hemos sido pioneros en firmar pactos para el empleo y el desarrollo social, con los sindicatos y el sector empresarial, que fijan las bases para el salario mínimo de referencia entre las personas trabajadoras de la ciudad. Nuestra voluntad es que esta experiencia sea una realidad también en el resto de Catalunya y de España.

(*) Firman también este artículo: Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, Joan Callau, alcalde de Sant Adrià del Besòs, Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues, Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, Eva Menor, alcaldesa de Badia del Vallès, Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi, Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just, Esther Pujol, alcaldesa de Tiana, Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, y Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà.