"Esto la fiscalía te lo afina"

En los últimos tiempos la fiscalía ha alcanzado, por desgracia, un nivel de desprestigio social que no me parece racional. Aunque ya nadie lo recuerde, todo empezó allá por el 2013 con una dirigente política que habría dicho en una conversación privada, nunca comprobada, que tenía un "fiscal de confianza". Más tarde vino la terrible afirmación de un exministro del Interior que da título a este artículo, y que tampoco ha podido ser comprobada. Después vinieron otros episodios, siendo los más destacables las polémicas declaraciones del ministro de Justicia sobre la obediencia jerárquica de la fiscalía, así como los acaecidos en los últimos días nada menos que en un órgano tan sensible como la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco ayudan a esta imagen los pactos, con frecuencia opacos, entre la fiscalía y los abogados en orden, sobre todo, a la rebaja de penas en un proceso.

SOMBRA DE DUDA INMERECIDA

Ciertamente, todo lo anterior pone completamente en cuestión el funcionamiento de la justicia en un Estado de derecho, lo que resulta cuando menos alarmante para el ciudadano, porque es gravísimo. Pero también es cierto que, en líneas generales, la labor de la fiscalía es impecable, por lo que situaciones como las descritas en el anterior párrafo no hacen justicia a la realidad de la institución. Dicho de otro modo, los fiscales no merecen en absoluto el desprestigio y sombra de duda que están viviendo en los últimos días.

Habría que comenzar por recordar que el fiscal, efectivamente, no es un órgano independiente, porque no es un juez. Tampoco es imparcial, al contrario de lo que se suele decir, porque acostumbra a situarse en una de las partes del proceso, normalmente la acusadora. Del fiscal solamente puede esperarse que sea objetivo y ecuánime, en el sentido de que el único fin del mismo es defender la legalidad. Y para ello acusará a quien considere que ha cometido un delito, pero también debe defender –no hay que olvidarlo– al reo falsamente acusado. Esto último debiera ser mucho más frecuente, por cierto, en defensa de la presunción de inocencia.

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Para obtener esa ecuanimidad y posibilitar la defensa de la legalidad se ha concebido a la fiscalía como un órgano con "unidad de actuación", en el sentido de que su conducta en un proceso no dependa personalmente de uno u otro fiscal, sino de toda la fiscalía como órgano. De ahí la existencia de esa dependencia jerárquica de fiscales superiores sobre inferiores que, no obstante, no imposibilita, todo lo contrario, la discrepancia del fiscal que recibe la instrucción, que pese a todo puede ser apartado en caso de no acatarla. Ese es el sistema y esas son sus razones.

AUTONOMÍA DE CRITERIO 

Muy diferente es que ese modo de funcionamiento, aun siendo legal, sea adecuado, y a mi juicio no lo es. Una cosa es garantizar la unidad de actuación de la fiscalía en su conjunto, unificando criterios, como ya se hace, y otra es emitir órdenes precisas de un superior a un inferior en un caso concreto sin razones públicamente declaradas o declarables. Al contrario, cada fiscal debe tener autonomía de criterio en cada asunto, aun siguiendo las directrices generales. Pero no puede esperarse de un fiscal una obediencia militar, ni muchísimo menos, porque una cosa es la justicia y otra muy diferente el Ejército. Solo cabe esperar esa instrucción directa y precisa de un superior en casos especialísimos en los que exista una diáfana –y denunciable– evidencia de extralimitación del fiscal inferior. De lo contrario, debe respetarse su criterio.

Para que ello sea posible, deberían cambiar tanto la regulación como los hábitos en este sector. El fiscal general del Estado, superior actual de todos los fiscales, debiera ser nombrado no por el Gobierno, como ahora, sino por el poder legislativo con un grado reforzado de consenso. A la vez, debiera también limitar su función muy claramente a la emisión de esos criterios generales de actuación estrictamente técnica, pero con vocación simplemente persuasiva. Al mismo tiempo, los nombramientos de los fiscales inferiores debieran ser reglados y, por tanto, seguir criterios objetivos.

CAMBIAR LA FORMACIÓN 

En segundo lugar, también debe cambiar la formación de los fiscales, de forma que no dependa, como ahora, casi exclusivamente de un exigente examen memorístico sino de una auténtica formación continuada y aplicada que garantice la excelencia. Existen muy buenos fiscales pese al actual sistema de acceso, pero serían muchos más si se modificara.

Por último, aunque a esto se opondrían muchos abogados, jueces y fiscales, deben limitarse las posibilidades de pactos. No puede ser que un interés claramente público como la persecución de los delitos dependa de lo que casi clandestinamente acuerden el fiscal y el abogado. El ejemplo estadounidense, si se conocen bien su origen, consecuencias y realidad actual, en absoluto es el mejor a seguir.

Con todo ello se borrarían instantáneamente buena parte de las dudas que hoy, desafortunadamente, asolan a un profesional que no debe ser jamás cuestionado. Pero no porque no sea cuestionable, como cualquier otro, sino porque no subsistan en absoluto motivos razonables para dudar de su total prestancia.