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EL PROYECTO DEL GOBIERNO

Miembros del colectivo Desllogades se manifiestan en la Rambla el pasado 28 de enero para denunciar la burbuja del alquiler.

DESLLOGADES

El nuevo plan de vivienda: 'déjà vu'

José María Raya

No hay que tener miedo en ayudar solo al alquiler, pues se sigue manteniendo en España el desequilibrio con la tenencia

El nuevo Plan Vivienda (2018-2021), presentado por el Gobierno, parece centrarse en las ayudas específicas para menores de 35 años, mayores de 65 y personas afectadas por desahucios, siempre que, tengan unos ingresos anuales inferiores a 22.365 euros (1.597 euros mensuales), esto es, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Una de las mejores noticias del plan seguramente pasará desapercibida: las ayudas a entidades públicas y empresas privadas para que construyan viviendas destinadas al alquiler para personas mayores. En realidad, estas ayudas deberían servir para aumentar el parque de viviendas en alquiler social para cualquier colectivo con dificultades, la verdadera asignatura pendiente del mercado de la vivienda en España. Por ejemplo, en Catalunya, solo el 3,3% del parque total de alquiler es social, cifra muy lejana a los estándares europeos (en torno al 20%). Este aspecto, que se aborda de puntillas y tangencialmente debería constituir la parte central del plan.

En cuanto a las ayudas, es evidente que el plan tiene un marcado carácter social. Se ayuda al pago del alquiler (que podría ser social) de las familias desahuciadas o los colectivos más desfavorecidos. Los pisos deberán proceder de viviendas vacías del Sareb y entidades financieras. El problema es que se concentran fuera de los núcleos urbanos, donde hay la mayor demanda. Por cierto, ¿se conoce el tamaño real de la llamada emergencia habitacional? ¿Cuántos sintecho hay en España, por ejemplo? Un buen plan debería comenzar con un buen diagnóstico. Pero estamos en la era donde decir tiene más valor que analizar.

AYUDAS AMBICIOSAS EN EXCESO

En cuanto a las ayudas, tanto al alquiler como a la propiedad, parecen  ambiciosas en exceso. Al límite de tres veces el IPREM no llega el 60% de las familias españolas, un 20% si lo restringimos a los grupos de edad priorizados, que son, sobretodo en el caso de los jóvenes, los principales demandantes de vivienda. Eso implica ayudas a un colectivo considerable de personas que pueden distorsionar el mercado y nos retrotraen a viejos fantasmas. Como ocurrió con la desgravación fiscal o los 240 euros de ayudas al alquiler, este tipo de ayudas suele acabar repercutiéndose en el precio, especialmente si el mercado está resurgiendo (como es el caso, sobre todo, de las grandes ciudades). Si esto ocurre, el Estado estará realizando una transferencia de renta al propietario. En todo caso, no hay que tener miedo en ayudar solo al alquiler, pues España sigue manteniendo un desequilibrio en la tenencia que sigue dañando la movilidad laboral, el emprendimiento, la emancipación y facilitando ciclos más intensos.

Finalmente, esperemos que el redactado final corrija las típicas desigualdades producto de querer tratar a individuos diferentes por igual. ¿Volverán a ser las ayudas idénticas para Madrid o Barcelona que para Zafarraya, por citar un municipio de bajo precio de la vivienda? En fin, buenas intenciones, algún avance, pero sensación de 'déjà vu'.