Un impuesto turístico de consenso

En un escenario político como el que vive Catalunya, parece casi impensable imaginar una propuesta en la que todos los grupos coincidan. La nueva ley sobre el impuesto de estancias turísticas (la mal llamada tasa turística) ha logrado la cuadratura del círculo y ha visto la luz con la aprobación del conjunto de la cámara. Este controvertido impuesto nació en 2012 con la intención de afianzar la política turística catalana a partir de la aportación directa de los propios turistas. En 2015, el sector recaudó más de 40 millones de euros, una cantidad considerable en el contexto de contención de gasto que aún vive la administración.

Cinco años después se ha aprobado la primera gran reforma de la ley. La modificación incorpora los ‘habitatges d’ús turístic’ (HUT), que se han consolidado como un elemento estructural de la oferta turística del país, así como las estancias cortas de los cruceros. Amplía también el porcentaje del impuesto que se queda en el municipio que la recauda. La legítima reivindicación local genera, sin embargo, una excesiva atomización de las iniciativas, que serían mucho más potentes si se agrupasen en unos pocos proyectos con capacidad transformadora. ¿Se imaginan dedicar el 10% del impuesto a financiar los dos proyectos de innovación turística más disruptivos de una convocatoria pública?. Eso sí, la ley permite al fin que los entes locales puedan dedicar la recaudación a otras iniciativas que no sean tan solo las promocionales, como exigía la ley anterior. El impuesto se podrá invertir en la mejora de los productos turísticos,  la sostenibilidad turística, la creación de infraestructuras y servicios o, incluso, los sistemas de control e inspección.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"La reforma del tributo\u00a0","text":"\u00a0 permitir\u00e1 corregir algunos de los problemas que puede generar el turismo en determinadas zonas del pa\u00eds"}}

La nueva ley es un síntoma más del proceso de transformación turística, que se caracteriza por la consolidación de nuevos modelos de relación entre destinos y turistas, por la creciente importancia de la oferta que intenta (o a veces simplemente aparenta) ofrecer una vinculación más estrecha de los turistas con la vida local y una demanda por parte de la población local de sistemas de control y límites que minimicen los impactos negativos del turismo. Hace tan solo unas semanas, el ente turístico de Copenhague presentaba su nuevo plan estratégico con un título muy provocador: ‘El fin del turismo’, aunque luego añadía ‘tal y como lo conocemos’. Algunas de las claves del nuevo turismo están muy bien recogidas en el plan de la ciudad danesa y explican, al menos parcialmente, la adaptación de la ley catalana.

Al final, el debate plantea también la necesidad de integrar las externalidades negativas de las actividades económicas, de manera que el impuesto turístico (gestionado con inteligencia) es una herramienta para corregir algunos de los problemas que puede generar el turismo en determinadas zonas del país. Es sintomático que este mismo día el Parlament aprobase otro impuesto sobre las bebidas azucaradas, que tiene como objetivo integrar las externalidades negativas en la misma industria.