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LOS SÁBADOS, CIENCIA

Vía crucis burocrático en investigación

Pere Puigdomènech

La Administración ha vuelto a sistemas de control financiero que implican una pérdida de eficiencia por parte de los centros

En todo el mundo la investigación, sobre todo en sus aspectos más básicos, se hace en el sector público o en instituciones sin ánimo de lucro. La financiación, también de forma generalizada, proviene de fondos públicos o fundaciones. En este entorno su actividad es transparente y es objeto de fiscalización independiente y de una evaluación del cumplimiento de los objetivos. A todo esto los investigadores y los centros de investigación estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo la investigación es una actividad muy diferenciada respecto de otras actividades públicas. Aplicarle unas normas administrativas uniformizadas puede terminar haciendo muy difícil su trabajo, sobre todo si se aplican con rigidez y arbitrariedad. Es lo que está pasando actualmente en nuestro país.

UN ERE POR EL RETORNO DEL IVA

En una reunión reciente de los centros de investigación de Catalunya se explicó el caso de dos centros que han tenido que aplicar un ERE porque desde la Agencia Tributaria han considerado que no pueden efectuar un retorno del IVA, como hacían hasta ahora. Curiosamente, según sea el inspector se permite un retorno del 50%, el 80% o el 100%, y a veces ni un euro. Estas diferencias, aplicadas con retroactividad, pueden representar millones de euros y son difíciles de asumir. También desde hace un tiempo la Intervención del Ministerio de Economía y Competitividad y la de la Generalitat hacen auditorías de los proyectos pidiendo explicaciones de gastos que a menudo son mínimos o por detalles muy marginales. Responder a estos requerimientos significa buscar documentos y argumentar una respuesta, y eso significa horas de trabajo por parte de personal de los centros que podría estar haciendo otras cosas. Ahora bien, si hay retrasos en los pagos de becas y proyectos no pasa nada.

En nuestro ámbito de investigación no hay casos de mala gestión que justificarían inspecciones sistemáticas

A nivel del Estado se aprobó casi por unanimidad una ley de la ciencia en el año 2011 que se presentó como un intento de permitir una mejor gestión del fondo de investigación. Una acción emblemática era la creación de una agencia para gestionar los planes de investigación. Fue aprobada a finales de la pasada legislatura, pero de forma que se incorpora a ella la estructura ministerial sin demasiados cambios. Mientras tanto, se ha eliminado la figura de agencia del CSIC y el funcionamiento del mayor organismo de investigación del Estado ha vuelto a sistemas burocráticos que creíamos olvidados. Hay oposiciones de personal técnico interminables y sin relación con la función que deberá hacer y para gestionar grandes proyectos europeos se aconseja que los investigadores abandonen el CSIC. Últimamente, el personal de dos centros del campus de Bellaterra ha visto desaparecer por razones administrativas un complemento salarial, llamado de cumplimiento de objetivos, cuando los dos centros están entre los únicos ocho, de entre los más de 120 del CSIC, que han obtenido la distinción Severo Ochoa para la excelencia científica. La lista de contrasentidos se alargaría con más ejemplos.

EVALUACIONES HABITUALES

Los centros y el personal de la investigación financiada con recursos públicos están acostumbrados a ser evaluados de manera sistemática y a pasar controles y auditorías de su actividad. Lo que pasa es que, por la especificidad de su actividad, aplicar reglas de gestión de recursos y de personal pensadas para otros tipos de organismos lleva a una burocracia que dificulta la propia actividad científica. El resultado es una pérdida grave de eficiencia en la gestión de los recursos en un entorno en el que por la forma en que se obtienen, y por el poco volumen de dinero que se gestiona, no hay casos de mala gestión que justificarían inspecciones sistemáticas. Y es inquietante que, tras un periodo de una cierta racionalización, con nuevos modelos de organización que han demostrado su valía, parece que –por acción o por omisión– las decisiones legislativas o administrativas nos hacen volver a un modelo decimonónico. Dicen que la característica de un Estado moderno es la adaptación de su Administración a la diversidad de su actividad buscando la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Es todo lo contrario de lo que está pasando en la gestión de la investigación en nuestro país. 
Investigador.

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