Lecciones de hace 40 años

El posfranquismo legalizó el PCE y la Generalitat. No tiene sentido que España sea hoy incapaz de hallar una solución política al problema catalán

Tarradellas y Suárez, en una imagen de 1979

Tarradellas y Suárez, en una imagen de 1979 / periodico

ENRIC HERNÀNDEZ

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Hace justo 40 años, un Gobierno sin legitimidad democrática presidido por Adolfo Suárez se la jugó al legalizar al PCE, bestia negra de la dictadura. Solo una muy laxa interpretación del Código Penal franquista permitía interpretar que este no impedía la inscripción del PCE en el registro de partidos, ni su concurrencia electoral. No fue, claro está, una decisión jurídica, sino política.

En aquella histórica Semana Santa se cumplió a rajatabla el pacto de caballeros entre Suárez, exlíder del Movimiento, y el comunista Santiago Carrillo: no hubo exhibiciones de euforia ni banderas con la hoz y el martillo ocuparon las calles.

En el frente vasco, comoquiera que la amnistía de 1976 había excluido a los presos de ETA con delitos de sangre, el Ejecutivo dictó el ‘extrañamiento’ de un grupo de terroristas que pronto pudieron regresar a Euskadi. Sin hacer grandes alardes, pero sin sufrir tampoco persecución policial. 

Tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, la ley de amnistía conmutó las penas a la mayoría de los reclusos etarras. No habían transcurrido ni cuatro años del tiranicidio a manos de ETA del almirante Luis Carrero Blanco, puntilla para un régimen agonizante.Hoy ETA es historia.

Aquel mismo año, y tras discretas negociaciones, Suárez recibía a Josep Tarradellas, ‘president’ en el exilio de la derogada Generalitat. Sin que ley alguna lo amparase –la Constitución aún estaba por escribir--, el Estado autorizó su restauración. Sostener en el siglo XXI que el autogobierno catalán emana de la Carta Magna constituye pues, más que una falacia, una desfachatez histórica.

LIDERAZGO E IMAGINACIÓN

Bajo una legalidad parcialmente franquista, con el Ejército al acecho y entre intentonas golpistas, España supo hallar acomodo para las reivindicaciones nacionales de catalanes y vascos. 40 años después, no cabe escudarse en leyes ni constituciones para bloquear el muy mayoritario anhelo de los catalanes de decidir de un modo u otro su futuro. Los problemas políticos requieren líderes capaces de imaginar soluciones políticas. Pero ni de liderazgos ni de imaginación anda nuestra política sobrada.