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Una manifestante crítica con el brexit, disfrazada de Theresa May.

EFE / ANDY RAIN

Explosiva factura británica por el 'brexit'

Eliseo Oliveras

Bruselas cifra en 60.000 millones lo que debe abonar Londres por sus obligaciones financieras

May no puede aceptar políticamente un importe elevado y la UE no puede hacer muchas concesiones

La factura que deberá abonar Gran Bretaña por abandonar la Unión Europea (UE) debido a sus obligaciones financieras con sus socios será una de las cuestiones potencialmente más explosivas de las negociaciones del 'brexit'. Una cuantiosa factura resulta políticamente muy difícil de vender al Parlamento británico y a la población, en especial después de las falsas promesas formuladas durante el referéndum y el brillante futuro anunciado después por políticos y tabloides.

Los primeros cálculos provisionales del responsable comunitario de las negociaciones del 'brexit', Michel Barnier, apuntan a que Gran Bretaña debería abonar unos 60.000 millones de euros, aunque el comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger, ha insinuado que la cifra podría ser más elevada.

La factura cubrirá los compromisos financieros asumidos por Gran Bretaña en el marco presupuestario de la UE 2014-2020 y la contribución británica al coste de las pensiones de jubilación de los eurofuncionarios y comisarios, incluidos los 2.200 británicos ya jubilados. A esto hay que sumar las provisiones de contingencias por los costes que puedan suponer para la UE compromisos suscritos, como por ejemplo el eventual impago de los préstamos concedidos a Ucrania. De la cifra, habría que reducir la parte que le corresponde a Gran Bretaña de todos los activos de la UE. Londres también podría intentar abandonar el Banco Europeo de Inversiones  (BEI) y recuperar los 10.000 millones que le corresponden por su 16% del capital de la entidad. 

Los Veintisiete exigen al Gobierno británico un compromiso mínimo sobre la factura del 'brexit' como condición previa para iniciar las negociaciones de las futuras relaciones económicas y comerciales entre Gran Bretaña y la UE.

11.500 MILLONES DE CONTRIBUCIÓN

La contribución neta de Gran Bretaña al presupuesto de la UE en el 2015 ascendió a 11.521 millones, según la Comisión Europea. Los principales contribuyentes netos a la UE (Alemania, Francia, Holanda, Italia, Suecia, Bélgica, Austria, Dinamarca y Finlandia) no están dispuestos a incrementar sus aportaciones en el periodo final del actual marco presupuestario 2014-2020 para cubrir los fondos que le corresponde aportar a Londres, aunque abandone la UE a finales de marzo del 2019.

Los países del Este, principales receptores netos de las ayudas europeas, tampoco están dispuestos a aceptar ningún recorte en la cuantía de los fondos que tienen previsto recibir por culpa del 'brexit'. La salida de la UE del segundo contribuyente neto y la pérdida de su aportación anual a las arcas comunitarias auguran unas negociaciones muy complicadas entre los Veintisiete para el próximo marco presupuestario que se iniciaran a principios del 2018.

AMENAZA JUDICIAL

Alemania está dispuesta a llevar a Gran Bretaña ante el Tribunal Internacional de La Haya si se niega a aceptar la factura del 'brexit', según un documento del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya que incumpliría las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que Londres suscribió en 1970. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, ha advertido esta semana a Londres que "no habrá rebajas" en la factura británica.

El ministro de Asuntos Exteriores y campeón del 'brexit', Boris Johnson, ha calificado de "absurda" la pretensión de la UE de que el país pague una factura por irse y en el Libro Blanco del Brexit no se menciona el tema. El secretario de Estado británico responsable del 'brexit', David Davis, ha descartado esta semana que el país vaya a pagar "nada parecido" a las sumas que baraja la Comisión Europea y el ministro de Finanzas, Philip Hammond, ha indicado que "no acepta" esas cifras. Los servicios jurídicos gubernamentales, respaldados por un comité de la Cámara de los Lores, sostienen que, si al final no hay un acuerdo con la UE, Gran Bretaña no tendrá ninguna obligación legal de pagar nada.

En la carta enviada por la premier Theresa May al presidente de la UE, Donald Tusk, activando el proceso de salida de la UE, acepta un "acuerdo equitativo sobre los derechos y obligaciones de Gran Bretaña como estado miembro saliente", pero lo condiciona a "una asociación continuada con la UE" y el Gobierno británico se ha limitado hasta ahora solo a indicar su disposición a pagar una cantidad "apropiada" por la participación en "programas específicos". 

La UE, que se juega su propia supervivencia en estas negociaciones, no puede permitirse muchas concesiones a Londres, ni que Gran Bretaña obtenga fuera de la UE unas condiciones iguales o mejores que siendo estado miembro. Por su parte, May, con una ajustada mayoría en el Parlamento británico y un poderoso y belicoso núcleo euroescéptico en su partido, tampoco puede aceptar una elevada factura. El 'brexit duro' puede acabar en desagradable ('dirty brexit'), sin acuerdo y con las relaciones entre Gran Bretaña y la UE regidas solo por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

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