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LAS CUENTAS DE LA GENERALITAT

Presupuestos arriesgados

Astrid Barrio

Poco importa ahora cuál sea su contenido, con un aumento de más de 1.500 millones para cuestiones sociales, porque con su aprobación no hecho más que empezar un nuevo capítulo de judicialización de la política

La aprobación de los primeros presupuestos de la era Puigdemont ha sido la más accidentada de nuestra historia. Cabe recordar en primer lugar que en junio del 2016, la primera vez que se intentó aprobarlos, el Parlament rechazó su admisión a trámite obligando al president a someterse a una cuestión de confianza para demostrar que seguía contando con el apoyo parlamentario de la mayoría que lo había investido. Una vez superado ese trámite en septiembre el Govern consagró sus esfuerzos a elaborar unos presupuestos que pudieran contar con el aval de la CUP, cosa que finalmente consiguió.

Porque a pesar de la existencia de numerosas diferencias entre Junts pel Sí y la CUP, especialmente en materia de política social, la inclusión de una partida destinada a la celebración del referéndum de autodeterminación por medio de la disposición adicional número 31 hizo posible que los anticapitalistas decidiesen en su consejo político dar apoyo a los presupuestos por amplia mayoría. Parecía en ese momento que el principal escollo estaba salvado pero la carrera de obstáculos no había hecho más que empezar.

Los presupuestos se enfrentaban a partir de ese momento a la espada de Damocles de la legalidad. Inmediatamente después de haber sido admitidos a trámite, el PSC y Ciutadans solicitaron un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries por la sospecha de que la existencia de una partida destinada a celebrar el referéndum excedía el marco competencial establecido en el Estatut. Y efectivamente el dictamen del Consell determinó que la jurisprudencia constitucional no reconocía a la Generalitat la capacidad para convocar una consulta sobre el futuro de Catalunya. 

NUEVO CASO DE DESOBEDIENCIA

Sin embargo, a riesgo de dar al traste con los presupuestos por la pérdida del apoyo de la CUP si se retiraba la partida del referéndum, Junts pel Sí decidió desoír la advertencia del organismo consultivo y mantenerla aunque ello implicase que los presupuestos fuesen a ser inmediatamente recurridos al Tribunal Constitucional. Pero hasta aquí todo iba según el guion. El imprevisto llegó cuando los letrados del Parlament advirtieron a la cámara de que votar las dos enmiendas planteadas por la CUP y por Catalunya Sí que Es Pot relativas al referéndum podía contravenir las resoluciones del TC y por tanto constituir un nuevo caso de desobediencia y dar pie a una nueva causa judicial como a la que ya se enfrenta la Mesa del Parlament.

Pero ante la inhibición del PSC, PP y Ciutadans que no querían tener nada que ver, la abstención de Catalunya Sí que es Pot a excepción de una diputada díscola que votó favorablemente los presupuestos fueron aprobados. Poco importa ahora cual sea su contenido y el hecho de que contengan un incremento de más de 1.500 millones para política social porque con su aprobación no hecho más que que empezar un nuevo capítulo de judicialización de la política. Y visto lo sucedido en el pleno más grave de lo previsto.

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