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Escrutinio necesario a los programas políticos

Guillem López Casasnovas

Desde el objetivo de la mejora de la transparencia de nuestra democracia he tenido oportunidad de participar entre una decena de expertos en la elaboración del documento Coherencia económica de los programas electorales que ha publicado recientemente la Fundación Transforma.

Tal como reza la presentación, el trabajo analiza la pertinencia de realizar una rigurosa evaluación ex ante de los programas electorales de los partidos políticos por parte de organismos o entidades independientes. Para dicha finalidad -el análisis técnico sobre los efectos fiscales y presupuestarios de las políticas públicas- se plantea cómo habría de llevarse a cabo dicha evaluación para que resultase viable y útil.

Se sugiere en el texto que el organismo más adecuado en España podría ser la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), o bien encargar la evaluación a un grupo de personas expertas, también con independencia política, acreditada competencia profesional y prestigio en su campo.

Los programas electorales cumplen la función de informar a los votantes sobre las propuestas que pretende llevar a cabo cada partido político tras las elecciones. Es decir, explicitan el mandato que piden los partidos a los votantes y que estos otorgan. A su vez, los manifiestos facilitan, por comparación, la evaluación retrospectiva de la actuación de los partidos que, a su vez, permite a los votantes valorar la congruencia entre lo propuesto y lo realizado. Por tanto, para que la democracia representativa funcione correctamente y los votantes puedan atribuir responsabilidades, los partidos han de realizar propuestas que permitan predecir su actuación así como su grado de cumplimiento posterior.

Frente a lo anterior, es conocido que los programas electorales suelen presentar un grado de concreción escaso y un contenido sesgado hacia propuestas que albergan las llamadas ilusiones fiscales, como en el caso de los aumentos de gasto social o las bajadas de tributos, sin explicitar qué impuestos subirán para financiar los aumentos de gasto o qué gastos se reducirán para hacer viables las rebajas fiscales. Se trata con ello de que los votantes vislumbren los efectos que dichas propuestas tendrán en caso de llevarse a cabo y valorarlas por si mismos y no según la información transmitida por medios de comunicación en los que confía, por el sindicato al que está afiliado u otras fuentes de proximidad.

La evaluación ex ante de programas electorales permite solucionar algunas de las anteriores cuestiones, y las experiencias previas muestran algunos casos exitosos (por ejemplo, en Holanda) no confundibles con evaluaciones ex post, a toro pasado de Tribunal de Cuentas o Sindicatura.

Puede que sin tener que esperar mandatos parlamentarios o indicaciones del gobierno hacia la AIReF, la sociedad civil debiera asumir sin demora el liderazgo, con la formación de un grupo de personas expertas de reconocido prestigio, acreditada competencia e independencia política, para realizar dicha evaluación. Asimismo, sería conveniente que dicho grupo pudiese contar con el apoyo de una gran variedad de fundaciones ya existentes y que alimentarían el contraste de datos empíricos.

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