EDITORIAL

Deconstruyendo la 'ley mordaza'

La ley de Fernández Díaz desprendía un cierto olor a autoritarismo en la gestión de las protestas por la crisis

El ministro del Interior, José Antonio Zoizo (izquierda), junto al titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso.

El ministro del Interior, José Antonio Zoizo (izquierda), junto al titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso. / jma

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El Congreso ha dado el primer paso para derogar la ley de Seguridad Ciudadana  impulsada en el 2015 por el ministro Jorge Fernández Díaz. Se trata de una ley timorata, hecha por un Gobierno que se sentía amenazado por las movilizaciones sociales contra su manera de gestionar la crisis económica y contra todo tipo de abusos. Solo la mayoría absoluta del PP permitió llevarla adelante y el propio Gobierno sabía perfectamente que esa ley iba a caer cuando perdiera la mayoría que lo sustentaba. Se trataba simplemente de pacificar la calle ante la tensión que vivía el país. De hecho, la oposición ya llevó la norma al Tribunal Constitucional porque la consideraba lesiva para la libertad de expresión y también para el derecho de reunión. Es lógico, pues, que hoy con mayorías diferentes salieran adelante las propuestas de PSOE y PNV para tramitar senda proposiciones de ley que sustituyan a la norma todavía vigente. Dos iniciativas que deberán refundirse en la subsiguiente tramitación parlamentaria.

Lo más preocupante de esta ley es su sustrato ideológico cargado de intolerancia y que desprende un cierto y preocupante tono autoritario. Pensar que el malestar social por los abusos cometidos en la gestión de la crisis económica es un simple problema de orden público es retroceder casi un siglo en la manera de concebir el ejercicio del poder político. Transmite la idea de un aparato del Estado más preocupado por proteger los privilegios de una minoría que en defender los derechos de todos. La derogación de la norma es, pues, una muy buena noticia para la salud democrática de este país.

El resultado de esta votación, como la de la pasada semana sobre la reforma de la estiba, es un indicador preocupante del estado de la gobernabilidad en España. El presidente Mariano Rajoy sigue sin contar con una mayoría estable en el Parlamento y sigue sin llevar la iniciativa legislativa más allá de defender con uñas y dientes hasta donde le resulta posible el legado de la anterior legislatura cuando gobernó con mayoría absoluta. La legislatura se haya por ahora inmersa en este estilo tan propio de Rajoy consistente en dejar pasar el tiempo para demostrar que la oposición es tan incapaz de ponerse de acuerdo como el Gobierno lo es de gobernar. Un clima de incertidumbre que durará hasta el debate de los presupuestos.