¿Quién decide quién vive en Barcelona?

La realidad de vecinas y vecinos que día a día son expulsadas de los barrios de Barcelona es ya innegable. Sea a través de la subida de los precios de los alquileres, sea por tácticas de acoso inmobiliario, o por otras como las que la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, describe en su denuncia en las redes sociales de lo que pasa en el centro de la ciudad, lo cierto es que esas zonaslos barrios van perdiendo vecinos y vecinas para ganar en turistas e inversores.

En el 2016 el sector inmobiliario atrajo una cifra récord de inversiones, superando ya durante dos años seguidos los niveles previos a la crisis del 2007. La recuperación económica en la ciudad está siendo impulsada por una nueva tanda de especulación inmobiliaria. Una nueva burbuja que atrae sobre todo a inversores extranjeros. De hecho más de la mitad, el 55% de los inversores, son internacionales. A esto se añade que el 26% de las inversiones se hacen a través de las Socimi, sociedades de inversión inmobiliarias que están gestionadas por personas residentes en España, pero que a menudo cuentan con fondos internacionales.

Estas sociedades gozan además de jugosos beneficios fiscales. Exentas de pagar el impuesto de sociedades y con bonificaciones de hasta el 95% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. A cambio están obligadas a mantener los activos en cartera un cierto periodo y destinar al alquiler al menos el 80% de sus activos. Unas medidas teóricamente contra la especulación inmobiliaria, pero que alimentan la especulación en el ámbito del alquiler. Y es la razón por la que el inversor no tiene prisa en desalojar a algunos inquilinos. La paciencia les es recompensada con el pago de menos impuestos por sus beneficios.

Algunos sectores económicos leen estos datos de aumento de inversión, y especialmente inversión extranjera, como una gran noticia. Pero es imprescindible que empecemos a leer los datos económicos con sus 'externalidades'. En este caso no solo externalidades sociales, como el aumento del precio de la vivienda y la consecuente expulsión de los vecinos y vecinas (que supone una violación del derecho a la vivienda digna), sino también económicas. Estamos haciendo pasar por recuperación lo que es una nueva burbuja. El crecimiento económico, también el del milagro económico de Barcelona, está cimentado sobre pies de barro, el barro de la especulación.

MEDIDAS CONJUNTAS

Ante este tsunami de inversores extranjeros que se hacen con edificios enteros para especular, sin importar dónde vivirán los vecinos y vecinas, el gobierno municipal prepara toda una batería de medidas antigentrificación. Medidas seguramente insuficientes a las que habría que sumar otras que escapan a la competencia municipal. Si queremos abordar el problema es preciso que Generalitat y Estado se pongan también a trabajar con medidas limitativas, como el techo de alquiler que el Gobierno catalán descartó hace pocos meses. Si no lo hacen, seguirán siendo los inversores los que decidan quién puede y quién no vivir en Barcelona.

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