Vagas promesas y divergencias en la UE

El proyecto de declaración de Roma sobre el futuro de la Unión Europea (UE) sin Gran Bretaña, que han debatido los líderes de los Veintisiete en Bruselas, difícilmente servirá para recuperar el perdido apoyo ciudadano debido a la vaguedad de sus compromisos y a sus clamorosas ausencias. El texto menciona el deseo de "mejorar la dimensión social de la UE", pero omite cualquier compromiso sobre reducir la creciente desigualdad, los salarios dignos, la preservación del Estado del bienestar o los elementos fundamentales de la protección social, como pensiones justas, asistencia sanitaria o el seguro de desempleo.

En materia social, el proyecto de declaración de Roma se limita a citar de forma genérica "la promoción del progreso económico y social", "la igualdad de oportunidades", "la lucha contra la discriminación, la exclusión social y la pobreza" y que "los jóvenes reciban la mejor educación".

Por el contrario, en materia económica el borrador de la declaración es mucho más preciso e insiste, por ejemplo, en "la aplicación de las reformas estructurales". Este es el "eufemismo" que utilizan los tecnócratas de la Comisión Europea y los gobiernos conservadores y socialdemócratas para recortar los derechos sociales y laborales a través de la política económica neoliberal, como recuerda el profesor Paul De Grauwe, de la London School of Economics.

LOGROS EN 60 AÑOS

El proyecto de Declaración subraya los logros de la UE en sus 60 años de historia, pero calla el incremento de la desigualdad, la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de capas cada vez más amplias de la población a causa de las políticas económicas y sociales impuestas por Berlín, la Comisión Europea y el Eurogrupo.

En la UE se ha abierto "una profunda brecha y una creciente aversión entre los ciudadanos y los gobernantes que puede amenazar gravemente la democracia en Europa", avisa la socióloga Sophie Duchesne, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) francés. El reto de la UE, añade Duchesne, "es recuperar la capacidad de control de la economía y proveer a sus ciudadanos de medios justos para vivir decentemente, derechos democráticos y la esperanza de una vida mejor. El resto son humo y espejismos".

FALTA DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

El proyecto de Declaración de Roma ni aborda ni reconoce la grave falta de legitimidad democrática de que adolece la política económica que impone la UE a sus ciudadanos. Este es otro de los factores que alimentan el éxito electoral de los populistas euroescépticos y la extrema derecha, que a diferencia de los socialdemócratas cuestionan la actual tecnocracia económica en la UE, donde el 54% los ciudadanos afirman que su opinión no cuenta.

El entramado institucional del Tratado de la UE, el Pacto Fiscal y los reglamentos de la eurozona establecen una serie de constricciones que han trasladado el poder del diseño e imposición de la política económica a órganos tecnócratas no elegidos democráticamente, como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), que someten a los gobiernos y parlamentos nacionales a su dictado y enfrentan a la UE con sus ciudadanos, como critican, entre muchos otros, el economista John Weeks y los sociólogos Gerard Delanty y Anthony Giddens.

DIFERENTE CONCEPCIÓN DE EUROPA

El llamamiento a la unidad de la Declaración de Roma con una "UE indivisa e indivisible" intenta disimular la fractura existente entre Europa Occidental y Oriental, con la oposición de los países del Este al modelo de Europa a "varias velocidades" que quieren reforzar Alemania, Francia, Italia y España. La divergencia arranca de su diferente concepción de Europa, mientras los países occidentales son más proclives a una mayor integración política europea, en el Este prima la defensa de las prerrogativas nacionales y se concibe la UE como un mercado común y una cooperación intergubernamental frente a las amenazas.

La división va más allá de la negativa de los países del Este a cooperar con el reparto de los refugiados e incluye múltiples cuestiones, como las críticas occidentales por el dumping social de las empresas del Este que operan en Europa Occidental (construcción, transportes, servicios) con los salarios y laxas condiciones de su país de origen. El último conflicto es la acusación de los países del Este de que los alimentos envasados occidentales que se venden en su territorio son de inferior calidad, una denuncia que incluso tuvo que ser abordada en la cumbre de Bruselas.