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La mano que mandó matar a Berta Cáceres

RAMÓN LOBO

Tras el asesinato de activistas medioambientales están grandes compañías multinacionales

Ser defensor de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en cualquier parte del mundo, incluidas algunas democracias. En América Latina puede ser mortal: el 77% de los 281 activistas asesinados en 2016 eran latinoamericanos. Berta Cáceres, una de las más conocidas, defendía el derecho a la tierra del pueblo lenca, contrario a la construcción de una presa en Aguas Zarca, al noroeste del país. Un año después, su crimen sigue impune pese a las ocho detenciones. No hubo ni hay investigación independiente.

Es importante saber quién disparó y quiénes mandaron disparar porque el goteo de muertes no ha terminado. El peligro procede de un entramado de intereses en que se mezclan matones de las fuerzas especiales con empresarios sin escrúpulos. Cuando la hija de Berta, Olivia Zúñiga dice que Honduras, uno de los más países con mayor criminalidad del mundo, “está gobernada por la élite criminal de empresarios al servicio de multinacionales”, sabe de lo que habla porque lo está sufriendo. Es una víctima más.

La periodista freelance Nina Lakhani publicó esta semana en 'The Guardian' un reportaje que señala a tropas de élite entrenadas por EEUU en la lucha contrainsurgente como responsables materiales del crimen. No escribe de oídas, tiene pruebas obtenidas en los juzgados. Dos de ellos, Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Bustillo recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas que desde 1984 está en Fort Benning (Georgia) bajo un nombre más presentable: Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. En la Escuela de las Américas, situada en el Canal de Panamá bajo soberanía de EEUU, recibieron formación ¿criminal? los principales dictadores y torturadores de América Latina.

JEFE DE INTELIGENCIA MILITAR

Según el trabajo de Lakhani, Díaz fue nombrado en el 2015 jefe de la inteligencia militar del Ejército; en el momento del asesinato de Cáceres estaba a punto de ascender a teniente coronel. Las pruebas judiciales a las que tuvo acceso la periodista incluyen mensajes cifrados de teléfono con referencias al asesinato. Díaz y Bustillo serían los ejecutores de un entramado más amplio. La empresa que pretende llevar a cabo la presa hidroeléctrica se llama DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), fundada en el 2008 y con sede en Tegucigalpa.

La ONG Global Witness titula su informe de enero “Honduras, el lugar más mortífero para defender el planeta”. En él sostiene que dos de los detenidos tienen vínculos con DESA y cuatro con el Ejército. Afirma que Douglas Bustillo era el jefe de seguridad de la empresa. La ONG dedicada a la lucha contra la corrupción recuerda que DESA ha recibido financiación del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y de Finnfund, controlado por el Gobierno finlandés, además del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Después de la muerte de Cáceres han sido asesinados en Honduras Nelson García y Lebisa Janeth Urquia, activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Cáceres en 1993. Por motivos similares, la pugna entre la defensa de los derechos de las personas y los intereses de conglomerados económicos, fueron asesinados en 2017 Isidro Baldenegro (en México), Laura Vásquez (en Guatemala) y Emilsen Manyoma (en Colombia).

EL RÍO DE LOS ESPÍRITUS

El motivo de la oposición de los lenca a la presa de Aguas Zarca es el río Gualcarque, una zona sagrada en la que viven los espíritus de las niñas indígenas. Algunos sostienen que los lenca son de origen maya. Para los mayas, y para los indígenas en general, la tierra lo es todo. En ella están sus raíces, sus antepasados, sus muertos. La tierra es pertenencia e identidad. Muchos pueblos mayas, como los q’eqchi’s en el Polochic de Guatemala que se enfrentaron a la azucarera Chabil Utzaj, tienen títulos de propiedad que datan de la época de la colonia española y que los gobiernos actuales no reconocen. En el caso de Aguas Zarca, el Ejecutivo que aprobó la presa nace de un golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. No tardaron ni un mes en aprobar la Ley General de Aguas que otorga las concesiones. No hubo información, consulta ni consentimiento de los afectados.

Lo que sucede en Aguas Zarca no es un caso aislado, es el patrón de comportamiento en América Latina. Grandes empresas multinacionales sobornan a gobernantes en países recién salidos de dictaduras. Los grandes contratos nacen de la corrupción. Son las Berta Cáceres las que enarbolan las banderas de la justicia y los derechos. Es nuestro deber, de gobiernos como el español y de la ciudadanía, exigir el castigo de los asesinos y de sus cómplices. Y también de preguntarnos qué código ético cumplen nuestras empresas en sus negocios en el exterior.

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