Sin hijos

Hace poco tiempo escribíamos sobre Ana y Antonio, una de las 80 familias gallegas que desde hace años estaban en trámite para ser padres adoptivos en los países africanos de Etiopía y Burundi. Habían dedicado mucho esfuerzo, a todos los niveles, para conseguir su sueño. También en el aspecto económico. Y nos pidieron ayuda a los medios de comunicación cuando sintieron que les estaban timando en un asunto tan serio y delicado.

La organización encargada de tramitar las adopciones, Adiss Galicia, había decidido volver a pedirles más dinero sin ningún compromiso de conseguir llegar al final y, sobre todo, sin justificar las nuevas cantidades requeridas. Se organizaron y pidieron explicaciones a la Xunta, el organismo público que es el encargado de velar por la transparencia en este tipo de procesos.

EXPEDIENTES CERRADOS 

Ana me ha enviado un mensaje. Se han cumplido los peores presagios. La Xunta ha decidido cerrar los expedientes de todas estas familias porque finalmente no van a pagar más dinero. Y se quedan sin sus niños. Parece que incluso aquellos que ya habían recibido fotografías de los pequeños que ya tenían asignados. 

Ana dice que les han comunicado que no existen muchas más opciones. Que, por su edad, va a ser difícil reubicar sus peticiones en otros países. Tendrían que empezar todas las gestiones administrativas desde cero y el tiempo juega en su contra.

Ana y Antonio ya han decidido emprender acciones legales. Han analizado la situación y creen que la Xunta es responsable de lo que ha ocurrido según la normativa vigente que ellos han consultado. Me mandan incluso el documento de la ley de apoyo a la familia del año 2011 donde se especifica que la inspección debía correr a cargo de la Xunta de Galicia. 

FALSA SEGURIDAD

«Nos metimos en esto porque dábamos por hecho que Adiss Galicia era una empresa seria, auditada y controlada por el gobierno, que es quien autorizó su mediación en todo el proceso. Sin esa seguridad nunca habríamos intentado la adopción», me apunta Ana con tono tristón. «Ni siquiera sabemos si hay facturas allí de todo lo que hemos ido abonando hasta la fecha».

Además de exigir responsabilidades legales, esta familia quiere que alguien recupere su expediente, toda su documentación que, según les han informado, está en Etiopía. Que alguien exija al cónsul o al embajador de España en aquel país que se mueva por ellos. 

Le pregunto cómo se han tomado ella y los suyos lo ocurrido, ahora que ya saben que no podrán ser padres como habían soñado. Coge aire y me responde: «Ahora nos tocará intentar pasar el duelo, respirar hondo y dar caña legal para que sepamos lo que ha ocurrido».