Escándalo en Murcia

El presidente de Murcia ha tenido información privilegiada sobre sus problemas judiciales. Alguien le avisó con antelación de que estaba a salvo de la imputación en la trama Púnica porque varios fiscales estaban en contra. Pedro Antonio Sánchez fue tan sumamente imprudente que lo soltó en una entrevista radiofónica y se quedó tan ancho. Y la portavoz de su gobierno se jactó después de que no solo los periodistas reciben filtraciones.

Es lamentable que esto suceda, porque quien haya sido no llama a todos los españoles para avisarles de nada. Sí me consta que hace tiempo hubo otro dirigente del Partido Popular que se puso en contacto con el Ministerio de Justicia, porque tenía miedo de que le detuvieran. El Gobierno le tranquilizó y, efectivamente, quedó en nada. Al menos, esa vez.

También me consta que algún fiscal anticorrupción se ha encontrado con que ponía en marcha una operación y cuando llegaba a casa del sospechoso, este estaba ya duchado y listo para salir o para obstruir el registro. Y esto fue posible gracias a algún compañero de partido del individuo en cuestión, que hablaba más de la cuenta y prefería colaborar con él antes que con la fiscalía. Es una vergüenza. 

Y a eso hay que añadirle el doble rasero de políticos que, cuando algo les afecta a ellos, reivindican la presunción de inocencia. Cuando el que tiene problemas es de otro partido, máximo nivel de exigencia.

Además, hay que tener en cuenta que Pedro Antonio Sánchez no solo supo con antelación lo que le esperaba judicialmente, sino que además ha mentido. El presidente de Murcia logró el apoyo de Ciudadanos firmando un pacto en el que se comprometía a apartar de su cargo a cualquier persona investigada por corrupción. Él mismo declaró que se iría si resultaba imputado por el llamado 'caso Auditorio', sobre presuntas irregularidades cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Bueno, pues resulta que ya le han llamado a declarar como imputado. Y ahora dice que no se va. Que no se va, porque no es corrupción. Es –minimiza el PP– una sospecha de prevaricación administrativa. Y eso tampoco es verdad. El fiscal le acusa de delitos graves, como fraude o malversación.

TRAMPAS SEMÁNTICAS

Sánchez se escuda ahora en que, cuando se comprometió a dimitir, se refería a una imputación formal. O sea, seguir imputado después de declarar como imputado. Es mentira. Son solo trampas semánticas. El PP ha salido al rescate argumentando que lo mejor es esperar al juicio oral. Y puede que eso sea lo más justo. Pero ni es lo que firmaron con el partido de Albert Rivera, ni es lo que prometió hacer el presidente de Murcia. Él se metió en el jardín de decir que se iba. Él es rehén de una palabra que ya no vale absolutamente nada.