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LA CLAVE

Arropado Mas recibe en la calle el apoyo de Junqueras antes de declarar.

ALBERT BERTRAN / JUAN MANUEL PRATS / TAREK

España, una dictadura

Enric Hernàndez

Político es el juicio a Mas, como lo fueron sus tretas para poner las urnas el 9-N. Deslegitimar por ello la democracia española es una exageración infantil

No todo vale en nombre de la democracia. No vale auparse en las urnas para institucionalizar el racismo, como hace Donald Trumpni culpar a la justicia de atentados futuros o fabulados. No vale pisotear los derechos humanos de los refugiados, como hace Europa, a cambio de que sus gobiernos arañen un puñado de votos. No vale deslegitimar la democracia española a fin de ensalzar esa eventual República catalana cuyas innegables bondades declaman los trovadores a sueldo del independentismo, sin dejar de las mismas constancia escrita que pueda comprometerlos en el futuro.

Niega el Govern ejercer presión sobre el tribunal del 9-N por reunir a sus puertas a miles de personas reclutadas por las entidades soberanistas y por la 'consellera' que paga las nóminas al funcionariado. Alega (con razón) que el de Artur Mas y compañía es un "juicio político", de igual modo que el 'expresident' se declara "responsable político" de las tretas de entonces pero niega al tiempo haber roto plato alguno: "Nuestro ánimo no era desobedecer." O mártir de la patria, o astuto leguleyo; ambas cosas a la vez no van a poder ser.

De un tiempo a esta parte se han forzado tanto las reglas de juego de la convivencia --qué otra cosa, si no, es la democracia-- que se ha acabado por subvertirlas. En España el Código Penal se reforma y se blande como arma de destrucción del adversario. Y la voluntad de los votantes catalanes se retuerce hasta hacer decir a las urnas lo que ni pueden ni quieren decir.

LA HIPÉRBOLE INDEPENDENTISTA

De todas las perversiones del actual debate político, tal vez la más tóxica sea la contraposición entre legalidad y democracia. Dada la supremacía del 'derecho a decidir' (autodeterminación) sobre las leyes españolas, todas aquellas que lo entorpezcan serían por principio ilegítimas, al emanar de una soberanía súbitamente no reconocida. Si, según el independentismo, el Estado es "demófobo" porque el Constitucional, el Supremo, el tribunal superior de Catalunya, los fiscales y hasta el juez catalán del 3% actúan por motivos políticos, España sería una dictadura y Catalunya, una improbable escisión democrática. Pueril hipérbole.