Lo que calla la cumbre de Malta

La cumbre de Malta ha sido un nuevo ejercicio de equilibrios entre los planteamientos divergentes de los líderes sobre cómo remodelar una Unión Europea (UE) a Veintisiete debilitada por un desbordante descontento ciudadano y sobre cómo afrontar la actitud desestabilizadora del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, a quien el presidente de la UE, Donald Tusk, llegó a calificar de "amenaza" para Europa en su carta de invitación a la reunión.

Donde los líderes europeos han coincido plenamente es en la urgencia de adoptar medidas adicionales para cortar los flujos migratorios hacia Europa en el Mediterráneo central. Esta estrategia complementa las vallas fronterizas levantadas en la zona de los Balcanes, el almacenamiento de los refugiados en una Grecia empobrecida y el polémico acuerdo con el Gobierno turco, al que se perdona su rampante autoritarismo y al que la cancillera alemana, Angela Merkel, recompensa con visitas regulares.

EL CAOS LIBIO

El objetivo detrás de la declaración aprobada en Malta y del acuerdo entre Italia y Libia es poder devolver al país norteafricano a los inmigrantes rescatados en el mar e instalar en su territorio centros de acogida para concentrar a los inmigrantes antes de que lleguen a la UE, desde donde se tramitarían y verificarían las demandas de asilo, como plantean el ministro alemán de Interior, Thomas de Maiziere, y los gobiernos de Italia y Austria.

Los líderes europeos pasaron de puntillas en Malta sobre el hecho de que Libia es un caótico estado fallido desde la intervención de la OTAN del 2011 y que el Gobierno de unidad nacional en Trípoli de Fayez al Sarraj solo controla realmente una pequeña parte del territorio. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió en un comunicado oficial la víspera de la cumbre que "no es apropiado considerar a Libia un país seguro, ni establecer un proceso extraterritorial de demandantes de asilo en el norte de África". Además, un informe del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores detallaba esta semana como los inmigrantes y refugiados son sometidos a ejecuciones, torturas, violaciones, trabajo forzado y todo tipo de abusos en campamentos operados como prisiones por los propios traficantes de seres humanos.

Los planes de la UE también chocan con las exigencias financieras de Trípoli. Después de que la UE prometiera 6.000 millones a Turquía para contener los refugiados, el primer ministro libio Sarraj ha calificado de "muy pequeña" la ayuda de 200 millones ofrecida para equipar y entrenar a su guardia costera y para mejorar la vigilancia de sus fronteras terrestres.

COMO TRUMP

Las organizaciones humanitarias, como Oxfam, ya han denunciado el "doble discurso europeo", en el que se critica por un lado a Trump mientras se aplica una política similar, levantando vallas, subcontratando la gestión de los refugiados a Libia y Turquía, desviando los fondos para el desarrollo al control de fronteras y persiguiendo judicialmente a ciudadanos que han ayudado a refugiados (Suecia, Francia, Dinamarca).

Cara a la refundación de la UE a Veintisiete, resulta preocupante que los líderes sigan soslayando en las discusiones y en los documentos preparatorios de la cumbre de Roma de marzo los graves problemas de la creciente desigualdad social, el débil crecimiento económico, el control oligárquico de la política y la economía y la corrupción y la pérdida de credibilidad de políticos e instituciones. Estos factores alimentan el éxito electoral de populistas y extrema derecha y son el motor del actual "desorden" político en Europa y EEUU, como señala el sociólogo económico Wolfgang Streeck, director del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades.

El problema de la desigualdad se zanja con una mera referencia a la "inclusión social", la fórmula que utiliza desde hace años la UE en sus declaraciones para encubrir que las medidas económicas, sociales y tributarias que se adoptan en realidad incrementan cada vez más la desigualdad, la precariedad y el riesgo de pobreza.

La política de austeridad se mantiene, aunque el crecimiento no despega en la eurozona (1,7% en el 2016) y varios países tienen aún un producto interior bruto (PIB) inferior al de antes de la crisis, como España (1% inferior), Portugal (5%), Italia (7%) y Grecia (25%), según los cálculos de Maxime Sbaihi, de Bloomberg Intelligence. Y se sigue confiando en las fragmentadas y limitadas inversiones del Plan Juncker (parte de las cuales ya estaban previstas) para que sirvan de motor económico.