Ir a contenido

Editorial

La Guardia Civil, a la entrada de las oficinas de BIMSA, en la calle Bolivia de Barcelona.

FERRAN NADEU

La losa del 3% cae sobre el PDECat

La reiteración y cercanía en el tiempo hacen difícil evitar la exigencia de responsabilidades a Artur Mas en este caso

La justicia sigue su curso en el caso conocido como la «trama del 3%» que afecta a la financiación de la antigua CDC, ahora rebautizada como PDECat. El método de recaudación investigado es suficientemente conocido. Se trata del cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública a través de las fundaciones vinculadas al partido. Unos donativos no voluntarios que después llegaban a las arcas del grupo a través de una facturación falsa o directamente del pago de proveedores. Todos los tesoreros de CDC en los últimos años han sido inculpados en casos similares. Ayer volvió a ser detenido Andreu Viloca, así como el último gerente de CDC, encargado de su liquidación, Francesc Sánchez. Los hechos que ahora se investigan no corresponden a los tiempos en los que CDC estaba bajo el mando de la familia Pujol sino a los años de gobierno de Artur Mas y, esto es novedad, a los años de Xavier Trias como alcalde de Barcelona. La detención de Antoni Vives confirma algunas de las informaciones que se habían publicado anteriormente y avalan las denuncias que ha presentado la actual Administración municipal contra su actuación en el área de Urbanismo del ayuntamiento.

Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, también los dirigentes de CDC, pero es evidente que la reiteración de este tipo de inculpaciones, siempre con el mismo método de pago de comisiones y su cercanía en el tiempo –estamos hablando del año 2015, cuando los responsables del partido ya sabían perfectamente de la existencia y de la gravedad de este tipo de prácticas–, hace muy difícil exculpar a los últimos dirigentes de CDC, encabezados por Mas, de su responsabilidad en el amparo de este tipo de actuaciones ilícitas.

Por todo ello, las apelaciones de algunos de los inculpados y de algunos dirigentes del PDECat para vincular esta investigación con el proceso independentista y el juicio del lunes por el 9-N resultan fuera de lugar. Esta causa, recordemos, se inició por la denuncia de una concejala de ERC en Torredembarra y se investiga en un juzgado ordinario de El Vendrell bajo el amparo de la fiscalía competente. No hay bandera que pueda esconder ningún comportamiento punible. Aunque en este, como en otros casos, sea exigible a todas las instituciones que eviten los espectáculos mediáticos.