Sospechosos habituales

El Partido Popular paga con dinero público la defensa de personas acusadas de corrupción, es decir, acusadas de hacer un mal uso del dinero público. Sabemos que, al menos, está costeando con subvenciones al grupo parlamentario valenciano la defensa de Ricardo Costa y de otras dos personas procesadas por presunta financiación ilegal del PP autonómico. Está costeando, digo bien. Porque Alberto Fabra, el expresidente que saltó a la fama por marcar las líneas rojas contra la corrupción, firmó una provisión de fondos para los abogados, que se prolongará hasta que el juicio quede visto para sentencia.

Los imputados argumentan que es normal que el partido les cubra, porque ellos van a sentarse en el banquillo para defender precisamente a la formación, para intentar demostrar que no cometieron ninguna irregularidad financiera. ¿Es legal? Aparentemente, sí. ¿Es estético? Rotundamente, no. ¿Es cínico? Ciertamente, sí. Porque mientras reniegan públicamente de los imputados, sufragan su defensa de tapadillo. 

También hemos sabido, a través del diario 'El Mundo', que el PP de la Comunidad Valenciana destinó ayudas públicas a pagarle el abogado a la 'exconsellera' de Turismo, que está a la espera de sentencia por prevaricación, malversación, fraude, cohecho y tráfico de influencias, ni más ni menos. A Milagrosa Martínez le atribuyen la adjudicación irregular del estand de Fitur a la empresa de 'el Bigotes' entre el 2005 y el 2009. El PP se hizo cargo de su defensa, a pesar de que fue expulsada del partido antes de que empezara el juicio. Y esto no tiene explicación posible.

CONTRADICCIONES

Para colmo, en aquellas vistas judiciales, al menos en las que fue capaz de mantenerse despierta, Milagrosa Martínez basó su estrategia en 'borbonizarse' hasta el punto de decir que era responsable de turismo, pero que no sabía ni lo que era Fitur. Y culpó de todo a Francisco Camps. Es decir, el PP le estaba pagando el abogado a una señora que culpaba de todo al Partido Popular. Las contradicciones de la dirección nacional ante la corrupción, particularmente ante la corrupción valenciana, no se entienden desde el punto de vista de la sensatez a la que tan habitualmente apela Rajoy.

El propio presidente del Gobierno ha homenajeado a Rita Barberá en las últimas horas, alegando que era una persona «decente». Sin embargo, la exalcaldesa de València terminó sus días imputada por corrupción y repudiada por su partido. Ahora sabemos que era solo un rechazo cara a la galería y que, independientemente de todo, siempre la consideraron una de las suyas. Y todo esto es respetable, incluso humanamente comprensible, pero hacer una cosa en público y defender la contraria en privado, es un reclamo seguro para la sospecha.