Planificar para garantizar el derecho a la vivienda

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy el Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 con el apoyo de las fuerzas que forman el gobierno municipal, Barcelona en Comú y PSC, y con el 'sí' de CiU y Ciutadans. Seguramente se están preguntando: ¿pero existen los planes de vivienda?, ¿sirven para algo? Estos planes son el elemento clave de las políticas de vivienda a nivel local y establecen las propuestas y los compromisos municipales en este ámbito a lo largo del tiempo.

La Ley 18/2007 catalana del derecho a la vivienda introdujo la obligación de disponer de planes de vivienda en los municipios con más de 6.000 habitantes, con una duración de seis años, que debían servir también para concertar políticas de vivienda con la Generalitat. También es importante el plan territorial sectorial de vivienda, que había de ser el marco orientador de las políticas de derecho a la vivienda en toda Catalunya.

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Ambos incluirán datos sobre el parque de viviendas, su uso y lo más importante, una estimación de las necesidades, los déficits y desequilibrios en materia de vivienda y previsiones de políticas sociales de la cuestión (por ejemplo: cantidad de viviendas de protección oficial). También serían los encargados de concretar temas tan importantes como las actuaciones para acabar con la utilización anómala de la vivienda (pisos vacíos, sobreocupación e infravivienda), el cumplimiento del objetivo de "solidaridad urbana" (disponer en el 2027 de un parque de viviendas de políticas sociales del 15%, cuando actualmente no se llega -siendo muy generosos- ni al 5%), o la obligación de garantizar la igualdad en el acceso y ocupación de la vivienda (evitando la discriminación o el acoso inmobiliario).

LOS OBJETIVO DEL PLAN APROBADO

El plan que se ha aprobado hoy en Barcelona establece también en qué partes de la ciudad usará el derecho del

tanteo y retracto (compra preferente), dónde estarán las áreas de rehabilitación (donde puede obligar a rehabilitar,

expropiar el uso de las viviendas...), o si aumentan las viviendas protegidas en las edificaciones de nueva

construcción o rehabilitación. De los planes de vivienda y su aplicación también dependen las sanciones (por

ejemplo: las famosas multas a los bancos), una herramienta imprescindible para intervenir en el mercado de

la vivienda, donde actúan operadores con mucho poder, y habitualmente, lo que realmente funciona es "rascarse el bolsillo para hacer cumplir el derecho a la vivienda ". Multas de 3.000 a 900.000 euros por no conservar o

tener una vivienda desocupada más de dos años, para alquilarla si no tiene las condiciones, o para discriminar en

el acceso a la vivienda ('mobbing' inmobiliario o actuaciones como la de Desokupa en Barcelona).

Explicado así, parece algo decisivo y positivo. Pero por ejemplo un "mal plan" puede ser un "chapuza" o un "buen plan de vivienda que luego se guarda en el cajón", una decepción. También puede ocurrir que el gran plan a escala catalana no se llegue a aprobar (según la ley catalana debía estar listo en diciembre de 2009 y aún no lo tenemos).

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Otras cosas que pasan es que una norma posterior, la ley ómnibus, elimine la obligación de hacer planes de viviendas en los municipios (se pueden hacer pero no es obligatorio), la posibilidad de aumentar obligatoriamente las reservas de suelo destinadas a las viviendas de protección oficial en un municipio, o que derogue la famosa expropiación del usufructo (que hace apenas un mes, un Gobierno con la participación de CiU, ha recuperado en otra ley debido a la presión social y de los recursos del Tribunal Constitucional).

LOS AÑOS DE LOS PLANES DE URBANISMO

Sin embargo la pregunta que hay que hacerse es: ¿Pueden las administraciones valientes y con buenos planes de vivienda detener en poco tiempo las dinámicas de años de mercantilización del derecho a la vivienda? La respuesta es que no será fácil recuperarse después de la burbuja-estafa inmobiliaria-hipotecaria y de tantos años de ausencia de políticas serias del derecho a la vivienda.

Pero sin este tipo de planes, el panorama es y será mucho peor. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, los planes eran de urbanismo y se hacían para ordenar las ciudades y -colateralmente y en el mejor de los casos- para regular las dinámicas de impacto del mercado sobre las mismas. Pero en muchos otros casos se trataba tan solo de dar una pincelada de legalidad a la llamada previa al «promotor o constructor cercano al alcalde» para decirle donde iría el suelo urbanizable. O quizá una mezcla de ambas cosas a la vez. Tras el estallido de la burbuja, pocos municipios han hecho planes de vivienda y los que tenían a medias los han guardado, ya que se han visto desbordados intentando responder a la emergencia habitacional o quizá no les convenía reconocer, por ejemplo, que no tienen vivienda social.

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El Pla pel Dret a la Vivienda de Barcelona es el primero de una ciudad tan importante y llega a caballo entre la emergencia habitacional posburbuja y el incierto futuro. Comparado con otros planes o con el último que ha tenido la ciudad, marca un cambio de tendencia -cuantitativo y cualitativo- en favor del derecho a la vivienda. Pero sería mejor aún, si aumentara la intensidad y la celeridad de las actuaciones que propone, y podría atacar aún más, las causas estructurales del panorama actual, que es bastante desolador.

EL SEGUIMIENTO DE SU APLICACIÓN

No será posible pasar de la improvisación en las políticas de emergencia, a las respuestas valientes y efectivas, sin planificar las políticas públicas en este ámbito. Si como sociedad anhelamos un cambio de modelo para garantizar el derecho a la vivienda: ya sabemos qué toca. A favor sopla la presión de la sociedad civil y de la calle. Pero habrá que prestar atención a las nuevas burbujas y la acción incesante de quien entiende la vivienda únicamente como negocio y no como un derecho.

Veremos qué pasa con el plan de vivienda de Barcelona y con el resto. Será imprescindible realizar un seguimiento constante de su aplicación y de su impacto real dentro de 10 años.