Por qué España venderá barcos de guerra a Arabia Saudí

España es líder en exportación de material de defensa. En el 2015 ocupó el 7º lugar mundial, solo por detrás de las grandes potencias militares mundiales. Conseguirlo no ha sido fácil. Decenas de miles de millones para I+D (cerca de 26.900 millones de euros) desde las arcas públicas han mimado a la industria militar, que además ha contado con contratos públicos para abastecer de costosos equipamientos militares y armas de todo tipo a un ejército en un permanente proceso de modernización. Algo que a su vez favorece la actividad industrial militar. Solo los Programas Especiales de Armamento (PEAS) se han llevado o llevarán 36.600 millones. Sin embargo, para mantener este liderazgo mundial armamentístico, el Gobierno español no se conforma con dinamizar el mercado interno, sino que pone toda la carne en el asador cuando de vender armas más allá de nuestras fronteras se trata.

El rey Felipe VI ha estado recientemente en Riad con el objetivo de ayudar a que algunas empresas españolas consigan cuantiosos contratos del régimen saudí, entre ellas Navantia. El contrato en cuestión es sobre cinco corbetas tipo Avante, barcos de guerra con capacidad para el aterrizaje y el transporte de helicópteros de combate, que cuentan con un sistema de combate integrado, cañones de diverso calibre, dirección de tiro, sistema de misiles SAM con un lanzador vertical, sistema de misiles SSM con dos lanzadores cuádruples, torpedos ASW con dos lanzadores triples y elementos de guerra electrónica. Características que hacen que estos buques de guerra tengan una utilidad evidente por los escenarios bélicos.

REACCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Su uso para hacer bloqueos marítimos en Yemen que alimenten la estrategia militar saudí en este conflicto es más que probable. Arabia Saudí es uno de los actores principales en el conflicto armado que se vive en Yemen, donde se han producido 10.000 muertos según las Naciones Unidas (3.799 civiles), el 60% a causa de los bombardeos de la coalición árabe que dirige el país destinatario de las armas españolas. La venta de armamento a países involucrados en la guerra de Yemen ha generado incluso una reacción contundente del Parlamento Europeo. En su resolución 2016/2515 (RSP) de 25 de febrero, se denunció de manera mayoritaria que la intervención saudí en Yemen había supuesto el uso de bombas de racimo prohibidas y constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La resolución señala que la actual crisis en Yemen es resultado, obviamente, del conflicto preexistente y los bombardeos de la aviación saudí y muestra una preocupación especial por el bloqueo naval que el ejército saudí ha impuesto en Yemen.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"El Parlamento Europeo\u00a0","text":"ha mostrado preocupaci\u00f3n por el bloqueo naval del ej\u00e9rcito saud\u00ed en Yemen"}}¿Quién autoriza las exportaciones de armas? Los productos que aparecen categorizados por la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y por la posición común de la UE deben seguir un proceso de autorización o denegación basado en ocho criterios, que tienen el objetivo de evitar exportaciones de material de defensa a países en los que este pueda ser utilizado para generar situaciones de violencia o inseguridad. En el caso de la venta de estas cinco corbetas (y cualquier otro armamento) en Arabia Saudí, parece evidente, como mínimo, el incumplimiento del criterio 2 (respeto por los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario), del criterio 3 (existencia de tensión o conflicto armado) y del 4 (estabilidad y seguridad regionales).

AUTORIZAR O DENEGAR LAS EXPORTACIONES

Quien se encarga de valorar todo esto es la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDDU), un organismo gubernamental que se encarga de la autorización o la denegación de exportaciones de material de defensa. Todo indica que sus expertos, consideran a Arabia Saudí un paraíso de los derechos humanos y a Oriente Medio un remanso de paz en el mundo, ya que en la última década (2006-15) España ha exportado a Arabia Saudí material de defensa por 1.299 millones de euros, convirtiéndose en el principal país “no occidental” receptor de armamento español.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"En pa\u00edses de nuestro\u00a0","text":"entorno el debate pol\u00edtico ha llevado a paralizar o cuestionar la venta de armas al pa\u00eds \u00e1rabe"}}

Esta decisión puede ser más controvertida cuando sabemos que en los principales exportadores de armas de nuestro entorno se ha producido un intenso debate político, que ha llegado a paralizar ventas de armamento a este país o a cuestionarlas profundamente. Es el caso de Alemania, donde el vicecanciller y ministro de Economía ha prevenido la venta de equipamiento militar en ese país. O el del Reino Unido, donde -aunque no se ha suspendido la venta de armas al reino saudí- la sociedad civil ha logrado llevar el caso a la corte suprema inglesa, que ha dado permiso para que se haga una revisión judicial sobre la legalidad de las exportaciones realizadas durante la primavera de 2016, sobre todo cuando exista la posibilidad de que estas acaben siendo usadas en Yemen. Además, un comité formado por miembros de varios partidos -con influencia- está examinando las exportaciones de armas británicas en Arabia Saudí y sus aliados.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Este comportamiento del Gobierno español y en concreto de la JIMDDU favorece las exportaciones de armamento español. Pero también hay que señalar la responsabilidad de los partidos políticos que siendo conocedores de tal situación poco han hecho para generar los mecanismos que doten de un mayor control democrático la decisión final de conceder licencias de exportación de material de defensa, o para proponer alternativas civiles a la producción de la industria militar. Es cierto que en casos como el de Arabia Saudí hay un factor añadido que complica un claro posicionamiento político por el respeto de los derechos humanos o la paz y seguridad mundiales, ya que la operación de los cinco buques de guerra supondría cuantiosos ingresos y mantener la actividad económica de Navantia y buena parte de los puestos de trabajo de los astilleros de San Fernando y El Ferrol durante varios años.

Es, como toda decisión política, una cuestión de prioridades.