EDITORIAL

La brecha autonómica de España

La Conferencia de Presidentes se presenta como el punto cero de una profunda reforma autonómica

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Nadie duda en España que la democracia y la integración en Europa en los últimos 40 años han traído un aumento exponencial del bienestar y de la riqueza hasta situarnos en niveles homologables al resto del continente. El esfuerzo de los trabajadores en un clima de estabilidad política y de modernización empresarial ha dado sus frutos aunque la crisis ha teñido la euforia de la primera década del siglo XXI en un pesimismo generalizado que ha licuado finalmente en una creciente demanda de profunda reforma cuando no de auténtica refundación del ordenamiento político, administrativo, económico y social.

En este clima se ha convocado para el martes una nueva Conferencia de Presidentes autonómicos a la que el actual Gobierno le da una importancia nuclear en el desarrollo y en la estabilidad de la legislatura que acaba de arrancar. Se impone, pues, debatir sobre el modelo autonómico surgido de la Constitución de 1978 y que empezó a andar de manera efectiva en 1980. Este debate debe apoyarse en los datos y en su análisis científico para impulsar un proceso político que sea a la vez riguroso y útil. EL PERIÓDICO, en colaboración con el equipo de analistas universitarios que se agrupan en torno a Agenda Pública, aporta hoy los datos que han de permitir un balance sereno y racional de la evolución del sistema autonómico entre 1980 y 2015.

ENTRE LA COMUNIDAD MÁS RICA Y LA MÁS POBRE

La primera mirada permite abrir ya un debate con urgencia: la cohesión territorial no ha avanzado. Se ha conseguido que el crecimiento y el bienestar lleguen a todas las comunidades autónomas, y algunas incluso han variado su posición en el ránking en uno o varios indicadores, pero la distancia entre, por ejemplo, el PIB per cápita de la comunidad más rica y la más pobre se ha incrementado. En paralelo, algunas de las comunidades que crean más riqueza son las que menos gastan –o pueden gastar– en inversión social, como Baleares.

Nadie, pues, ha quedado atrás como consecuencia del diseño autonómico pero no se ha conseguido una España más uniforme desde el punto de vista de la protección social o de la economía como ya lo es desde el punto de vista administrativo y político. Seguro que este resultado final no depende únicamente del mimbre autonómico sino también del color político de quienes han gobernado o de factores naturales. Pero hay que debatirlo.