Paso al lado, paso atrás

Un año después de su investidura como 'president' de la Generalitat, el balance de gobierno de Carles Puigdemont es muy pobre. En primer lugar, porque todavía no ha aprobado presupuestos, la ley más importante de cada curso político y la que permite el despliegue de la acción gubernamental. Tras el primer intento, cuyo fracaso provocó una moción de confianza, ahora se están tramitando unos nuevos presupuestos, con un resultado incierto.

En segundo lugar, porque la actividad legislativa se ha visto reducida a mínimos. A lo largo de todo el 2016 tan  solo se han aprobado en el Parlament cinco leyes, algunas de las cuales son modificaciones de leyes o programas ya existentes. Se puede argumentar que esta parálisis es consecuencia de la excepcionalidad de un Govern concebido con el único objetivo de conducir a Catalunya hacia la independencia, pero resulta que es justamente en este ámbito donde ha habido menos avances. Puigdemont no solo ha abandonado la hoja de ruta con la que se presentó a las elecciones y que dio pie al mantra del «mandato democrático», sino que con su apuesta de referéndum se ha vuelto a situar en la casilla del 9-N del 2014. 

El único activo en su haber es que, pese a presidir un ejecutivo de coalición, y en contra de lo que suele ser habitual en este tipo de gobiernos, apenas ha habido en él disputas internas. Y si no las ha habido es precisamente porque al no gobernar no han discutido sobre políticas.