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El desafío autoritario de Polonia

Eliseo Oliveras

Tras el éxito del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en consolidar un giro autoritario en un país de la Unión Europea (UE) gracias a la pasividad de los demás dirigentes, Polonia sigue sus pasos desde hace un año. A diferencia de Orban y su partido Fidesz, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que logró una mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones de octubre del 2015, no dispone de la capacidad para modificar la Constitución a su antojo. Por ello, su líder Jaroslaw Kaczynski, priorizó desde el principio reformar y controlar el Tribunal Constitucional -"bastión de todo lo que está mal en Polonia"- para impedir que pudiera cuestionar las leyes de la autoproclamada "contrarrevolución cultural" en marcha.

El asalto al Constitucional se inició con la revocación de tres jueces nombrados por el anterior Gobierno centrista y se ha completado esta semana al expirar el mandato de su presidente, Andrzej Rzeplinski, y el nombramiento de Julia Przylebska en su lugar, con el encargo de "poner orden", como ha subrayado el presidente de Polonia, Andrzej Duda (miembro también del PiS).

El anterior presidente del Alto Tribunal se había resistido a las reformas gubernamentales de la institución, que permiten la destitución de sus jueces a petición del Gobierno, del presidente de Polonia o del Parlamento y elevó a dos tercios la mayoría de votos requerida para que el Constitucional pueda cuestionar una ley.

CONTROL MEDIÁTICO

El debilitamiento del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales en Polonia emprendido por el PiS no se limita al Tribunal Constitucional, sino que también implica ejercer un control estricto sobre los medios de comunicación públicos y ampliar los poderes policiales. Ahora acaba de limitar el derecho de manifestación y reunión, después de que las masivas concentraciones públicas forzarán al Ejecutivo a retirar su proyecto de ley para prohibir el aborto.

El intento de restringir el acceso de los periodistas al Parlamento (posteriormente suspendido) desencadenó un enfrentamiento con la oposición, que ocupa el hemiciclo, y la aprobación de forma clandestina por parte de la mayoría gubernamental de los presupuestos del Estado para el 2017 en una sala a puerta cerrada. Para afianzar su respaldo popular, el Gobierno ha aprobado importantes ayudas sociales a las familias, ha anulado el retraso de la edad de jubilación y ha establecido impuestos especiales en los sectores dominados por el capital extranjero, como la banca y las grandes superficies comerciales.

Las autoridades polacas han hecho durante un año caso omiso de las advertencias contra el socavamiento del Estado de Derecho formuladas por la Comisión Europea y el Consejo de Europa, calificándolas "sin base" y afirmando que con el nombramiento de la nueva presidenta del Constitucional están resueltos los problemas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha reiterado este miércoles que "sigue habiendo una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia que debe abordarse con urgencia", pero ha optado por retrasar la adopción de medidas, lo que ha sido criticado entre otros por el líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt. Para ganar más tiempo, la Comisión Europea ha enviado a Polonia nuevas recomendaciones y le ha dado un plazo adicional de dos meses, volviendo a amenazar implícitamente con sanciones políticas.

Sin embargo, el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para imponer sanciones a un estado miembro por "una violación grave y persistente" de los principios democráticos, exige el voto unánime de los líderes de los demás estados en el Consejo Europeo para poder iniciarse. Esta unanimidad es imposible de conseguir, porque el primer ministro húngaro ya ha prometido su respaldo a Varsovia.

La amonestación pública por "violación grave" de los principios democráticos es algo más fácil de conseguir, pero requiere el voto favorable de la mayoría del Parlamento Europeo y del 80% de los estados de la UE (es decir 22 países). En el actual contexto de crisis existencial europea tras decisión británica de abandonar la UE y de reafirmación nacional de los países del Este frente a Bruselas, la Comisión Europea teme no obtener el respaldo suficiente entre los estados y en la Eurocámara. La permisividad que ha mostrado la UE durante estos años ante el giro autoritario de Hungría bajo la dirección de Orban, gracias a que él y su partido son miembros del Partido Popular Europeo (PPE), constituye un mal precedente.

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