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Editorial

La madre de Nadia Nerea llega al juzgado de La Seu dUrgell acompañada de su abogado, el pasado 9 de diciembre.

ACN

Una estafa en toda regla

En el caso de Nerea han fallado los periodistas y las instituciones, pero también la buena fe de toda la sociedad

A medida que se conocen los detalles de la investigación policial se confirman los peores presagios en el caso de los padres de Nadia Nerea Blanco Garau, la niña afectada por la tricostomia. Durante años han apelado a la buena fe de sus vecinos y amigos, primero, y de los espectadores de televisión y lectores de diarios, después, para recaudar casi un millón de euros. Los donantes estaban convencidos de que ese dinero iba destinado al tratamiento de la menor, supuestamente en Estados Unidos. Las primeras pesquisas de los Mossos d'Esquadra apuntan a que casi 600.000 euros se pulverizaron en todo tipo de gastos, pero que en ningún caso se dedicaron a unos tratamientos médicos que simplemente no existían. Como ya hemos comentado, el periodismo ha fallado en esta ocasión. Pero también han fallado otras instancias.

En primer lugar, según la legislación de Baleares -donde tenía la sede la fundación con el nombre de la niña-, las asociaciones benéficas no exigen ningún tipo de control si no reciben subsidios públicos. Fernando y Margarita lo sabían, y por ello no trasladaron la sede cuando vinieron a vivir a Catalunya ni pidieron jamás una ayuda pública. Ciertamente, cuesta de pensar que alguien sea capaz de estafar con la enfermedad de una hija, pero el historial de Fernando empuja a pensar que ha sido perfectamente capaz de hacerlo. Las normas deberían ser suficientemente claras para impedir que una buena causa sirva para esconder una mala práctica, como todo apunta a que ha pasado en este caso, que ya ha llevado a prisión al padre de Nadia Nerea.

En segundo lugar, sin exculpar a los periodistas ni a las autoridades, el conjunto de la sociedad debe también reflexionar ante este caso. Cabe preguntarse si se deben seguir favoreciendo estas formas privadas de solidaridad en lugar de exigir que sean los organismos públicos los que impulsen los tratamientos médicos en todos los casos, también en el de las enfermedades raras o minoritarias, que quedan lejos del glamur electoral o científico. Si se pagasen los impuestos que tocan y se administrasen honradamente, este tipo de captación de fondos basada en la pena que generan los afectados no tendría ni lugar ni apoyo. Ello garantizaría un uso correcto de los fondos y permitiría un control que no ha existido en este caso y que no se puede reclamar a nadie.

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