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Cara y cruz de la red

No es Airbnb, sino el debate pendiente

Clara Marsan-Raventós

La proliferación de servicios vía internet hace evidente la necesidad de su regulación

Cada vez leemos más noticias relacionadas con los proveedores de servicios en internet (ISP, en sus siglas en inglés). Los ejemplos más recientes y próximos han sido, por un lado, la sanción del Ayuntamiento de Barcelona a los portales Airbnb y HomeAway por facilitar el alquiler de pisos turísticos ilegales, y por otro, la reunión entre el propio ayuntamiento y portales de alquiler (como Airbnb) para tratar el problema del alquiler --caro y escaso-- en la ciudad.

Estas noticias tienen una cosa en común, y es que ambas ponen de relieve una cuestión muy actual y de difícil solución: ¿qué se puede exigir a una empresa, concretamente a un ISP, en relación con el impacto que sus servicios tienen sobre cuestiones relacionadas con el bien común y los derechos fundamentales? Los ejemplos citados apuntan al derecho a la vivienda, pero podemos hacer una extensísima lista de servicios proporcionados por ISP como Google, Facebook, Airbnb o Uber, que tienen un claro y fuerte impacto sobre derechos fundamentales y cuestiones de marcado interés público.

DERECHOS Y CENSURA 

A través de las redes sociales se generan situaciones en las que el derecho a la vida privada o la libertad de expresión y de información quedan desprotegidos. También la configuración de un espacio público de acceso libre a cualquier tipo de información choca con exigencias de control y censura hechas hacia ISP como Google y el famoso 'derecho al olvido'. Y ello sin perder de vista cómo se intenta regular el acceso a contenidos 'ilícitos' por estar conectados con redes criminales o con la protección del menor (pornografía infantil, divulgación de contenidos nocivos como los que hacen apología de desórdenes alimentarios...). Si tradicionalmente los defensores del bien común son los poderes públicos, en internet somos principalmente los internautas junto con los ISP quienes marcamos el tratamiento de la libertad de expresión, la intimidad o incluso quienes podemos incidir con fuerza sobre el acceso a la vivienda en cualquier ciudad del mundo.

REGULACIÓN NECESARIA

Si miramos cómo han tratado el asunto los especialistas, hasta los años 90 se debatía si era precisa una regulación de internet, ya que este espacio era la conquista de la libertad y la mirada se centraba en el claro potencial de una red neutra donde internautas de todo el mundo pudieran acceder a la información sin restricciones. A partir del siglo XXI no se ha dejado de defender la necesidad de una internet libre y neutra, pero la gran transformación de la red ha acabado por hacer evidente que es necesaria una regulación de los agentes que en ella participamos. La pregunta que nos hacemos los juristas ya no es, pues, si hay que regular, sino cómo hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos para respetar la libertad de individuos y empresas en la red, asegurando que los principios del Estado social y democrático, y especialmente los derechos fundamentales, también se respetan?

Hay que asegurar la libertad que da la no regulación y al mismo tiempo regular el respeto de los bienes básicos de la sociedad

Hay que debatir el papel que queremos que tengan los ISP en nuestra sociedad. Son empresas (muchas, norteamericanas) que operan en todo el planeta y deben tratar realidades culturales --y, por tanto, normativas-- muy diversas. Sabemos que China, por ejemplo, exige a los ISP que censuren contenidos, por lo que empresas como Google han acabado abandonando el país, y otras, como Facebook, han permanecido pero efectuando la censura exigida. Ambas empresas están a favor de una internet sin censura, pero han adoptado dos políticas diferentes ante el mismo marco normativo chino.

CUESTIÓN DE EQUILIBRIO

Volviendo a nuestro ejemplo, cabe preguntarse si sería bueno pedir a una empresa como Airbnb que tenga en cuenta las necesidades locales y, por ejemplo, ponga en marcha un sistema que permita 'censurar' alquileres de pisos turísticos ilegales o incluso alquileres que dificultan el acceso a la vivienda a los residentes en Barcelona. Sería como los conocidos sistemas de 'aviso y retirada' utilizados por numerosos ISP: la empresa no hace ningún tipo de control o censura de los contenidos que los internautas comparten en su plataforma, pero si un contenido ilícito (según la política del portal y la normativa del país) se notifica a la empresa, esta procede a retirarlo. El mismo procedimiento se da cuando media una orden judicial.

¿Qué podemos ganar y perder regulando los ISP? Este es uno de los debates clave que internautas, empresas e instituciones deben hacer suyo para apuntar hacia el equilibrio entre la libertad necesaria que da la no regulación y la regulación que asegura el respeto de los bienes básicos de la sociedad.