¿Prohibir los 'memes'?

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley sobre la protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen para adecuar la ley vigente, que data de 1982. Cierto, las leyes deben ser actualizadas si se quieren eficaces, pero no es menos cierto que estos derechos se hallan ya protegidos en la normativa civil y penal vigente. Incluso disponemos de otra ley, de 2015 (la conocida como 'ley mordaza'), que sanciona incluso el uso no autorizado de las imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad cuando puedan afectar a su honor o intimidad. En resumen: tenemos ya suficiente arsenal jurídico para proteger estos derechos. Siendo además que la calidad legislativa es directamente proporcional a la sencillez, brevedad y fácil comprensión de las normas, no parece lo más razonable que llueva sobre mojado, aunque la sobreactuación normativa afecta al panorama legislativo español en general.

UNA REDUNDANCIA INNECESARIA

A la luz de la propuesta del PP, bien hubiera podido ser que se quisiera actualizar el concepto de honor para adecuarlo a las tecnologías hoy existentes (redes sociales y demás). O bien pretender perfeccionar la protección jurisdiccional de estos derechos ciudadanos. Ni lo uno ni lo otro: el concepto de honor recogido en el texto es conceptualmente el mismo de la ley de 1982 y de la del 2015; por otra parte, la utilización en las redes de imágenes de un particular por un tercero no autorizado ya está regulada civil y penalmente, con lo que no sería preciso redundar en lo mismo.

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Entonces, ¿para qué proponer una adecuación legislativa en este ámbito? No hace falta especular, porque la misma propuesta lo justifica: "Esta  proliferación del uso de las tecnologías de la información, y su enorme influencia actual, han incrementado las lesiones a los derechos (…) con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares. Por todo ello (…) deviene necesario (…) reducir el amplio margen que en la aplicación de la ley se otorga al arbitrio judicial".

REDUCIR EL PAPEL DE LOS JUECES

Se trata, pues, en primer lugar de incitar a legislar sobre las redes con el fin de condicionar el uso de estas, no respecto de los particulares que ya están protegidos por la ley sino respecto de personajes políticos públicos (que son, por ejemplo, objeto de 'memes' en las redes) a los que la ley 1/1982 no ampara, precisamente porque son personajes públicos --no sujetos privados--. En segundo lugar, y de manera explícita, el texto anima a reducir el arbitrio judicial sobre el tema, que al parecer el PP juzga excesivo. En resumen: se pretende regular el uso de las redes para proteger la imagen de políticos y personajes públicos en las mismas, y reducir el arbitrio judicial para poder actuar contra aquellos que usan estas imágenes en las redes. No sorprende que el funcionamiento y la repercusión de las redes sociales causen zozobra en aquellos que viven principalmente de su imagen o apariencia pública. Lo que sorprende es la incapacidad de estos mismos para comprender el funcionamiento del ecosistema digital.

IGUAL LÍMITE QUE EN EL MUNDO FÍSICO

Existen a mi juicio dos sinrazones en esta proposición no de ley que la cuestionan por su base. En primer lugar, la imagen pública de un personaje público es pública tanto en las redes como en el mundo físico y no forma parte de su intimidad: los límites de su uso en las redes son los mismos que en el mundo físico y no es preciso regular las redes para protegerla de modo distinto al mundo físico. Ahora bien, si lo que se quiere es ampliar el concepto de intimidad y propia imagen a personajes públicos y políticos en ejercicio de sus funciones para protegerlos de mensajes y 'memes' en la red, dígase, aunque entonces nos habremos cargado de paso el derecho a la información, puesto que no habrá nada sobre lo que informar --ni en la red ni en el mundo físico-- que no pueda ser vetado por el personaje público en cuestión con el argumento de que afecta a su intimidad.

En segundo lugar, pretender reducir el arbitrio judicial para la aplicación de las normas (esto es, la facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones) es un ejercicio de autoritarismo inaceptable que socava la división de poderes y que confirma un estilo de gobernar. En los tiempos de Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin, querer limitar legislativamente la libertad y la capacidad expresiva de la sociedad respecto de sus personajes públicos es tan ingenuo como pretender que nos creamos que es posible hacerlo.