Montesquieu prefiere Mallorca

A menudo se menciona la muerte de Montesquieu como metáfora de la nula independencia del poder judicial. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en España ha muerto, pues, unas cuantas veces, y por lo visto lo seguirá haciendo. Fue Alfonso Guerra quien, en una de sus ácidas y lapidarias expresiones, sentenció al pensador francés en alusión a lo que él consideraba excesos de algunos miembros del poder judicial.

El cadáver del filósofo se está arrastrando en los últimos años por todas las instituciones españolas, pero es en el caso de financiación ilegal del PP donde vemos que resaltan más sus destartalados despojos. Sobre todo si uno lo compara con el caso de Maria Antònia Munar y algunos de sus acólitos. La desaparición del partido Unió Mallorquina (UM), el ritmo de la maquinaria judicial y el encarcelamiento de su máxima dirigente contrasta con cómo se están desarrollando los diferentes casos abiertos contra el PP.

COMPARACIÓN DE FECHORÍAS 

En el caso mallorquín, el enfoque judicial fue impecable e implacable. UM fue considerada y acusada de organización criminal. Y así ha sido como se ha disuelto el partido y su principal dirigente ha acabado en prisión, pendiente aún de juicios. No era para menos. Munar y sus acólitos metieron mano en las arcas del Gobierno balear, el Consell Insular de Mallorca y otras instituciones sin freno durante una veintena de años. Comparando el calendario de fechorías de ella y de Jaume Matas, parece una competición entre desaprensivos. Matas también ha acabado en la cárcel y tendrá que afrontar todavía varios flecos judiciales. La diferencia, sin embargo, es que ni el PP de Baleares ni sus dirigentes en el periodo de Matas fueron considerados en ningún caso una organización criminal. Nunca el PP balear, a pesar de tener más de cien cargos imputados, se planteó una disolución, y nunca ninguna instancia judicial se planteó atacar el problema en su conjunto.

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El juez De la Mata, que ha sustituido a Pablo Ruz en el caso de la caja B del PP, acusa a los tesoreros y otros dirigentes, entre otros cargos, de formar una organización criminal. Las obras en B de la sede principal de la calle Génova en Madrid y la destrucción de los ordenadores del tesorero son suficientes para entrar de lleno en el asunto. Pero por lo que parece, quien mueve los hilos de la justicia española ha decidido que todos los casos de corrupción que afectan al partido de Mariano Rajoy están desvinculados entre sí y responden a actitudes de carácter individual. Toda la estrategia de defensa de los populares pasa por salvar a la cúpula. La comparecencia del máximo encausado de la trama Gürtel, Francisco Correa, parece un guion diseñado para establecer un cordón sanitario para aislar a Rajoy y a la dirección popular de cualquier responsabilidad. La estrategia de preservar la estructura y la dirección de los populares del incendio de Bárcenas y Correa ha sido tan precisa y contundente que incluso José María Aznar ha salido chamuscado de los efectos del contrafuego utilizado.

INCAPACIDAD JUDICIAL PARA LA AUTOCRÍTICA

Pero no solo Correa: parece que Bárcenas, Camps, Barberá y compañía aplicarán la misma estrategia en connivencia con algunos sectores de la judicatura. Los papeles de Bárcenas insinuaban claramente que toda la cúpula popular, incluido Rajoy, se había beneficiado de los sobres en B. La mayoría de la prensa y la misma fiscalía ha puesto discretamente el foco hacia otro lado. No parece que el peso de la ley que cayó y está cayendo sobre Maria Antònia Munar tenga la misma densidad del que debería caer sobre Rajoy.

Sabemos que la democracia española es imperfecta. Como lo son todas. Pero la falta de independencia del sistema judicial español respecto del Ejecutivo es ya indigerible. Evidentemente, hay excepciones. Pero el férreo control que el PP tiene sobre el Consejo General del Poder Judicial y otro órgano como el Tribunal Constitucional asfixia las libertades y la seguridad jurídica. La incapacidad para la autocrítica por parte de los mismos jueces queda patente día a día. Los últimos ejemplos son muy gráficos: se archivan las denuncias que acusaban al ministro del Interior de fabricar pruebas contra políticos y empresarios catalanes y al mismo tiempo se dedica tiempo y gente contra los concejales de Badalona por trabajar el día de la hispanidad. Interpelado sobre la cuestión, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, como la mayoría de magistrados, responde con el mantra de la separación de poderes.

Montesquieu prefiere el sol y las playas de Mallorca porque sabe perfectamente que cada vez que pone un pie en la Península sale malparado.