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Editorial

Memoria histórica y dignidad colectiva

El Parlament vivió ayer una emotiva jornada. Familiares de quienes fueron víctimas durante la negra etapa franquista de juicios sumarísimos, que en muchas ocasiones les costaron la vida, o sufrieron persecución y represalias por el mero pecado de ser demócratas, pudieron salir reconfortados de la Cámara. En una decisión sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia en España, una institución parlamentaria aprobó una proposición de ley que pretende declarar nulos y sin efectos jurídicos todos los consejos de guerra y las sentencias dictadas en Catalunya por razones políticas bajo el régimen franquista: 78.331 procesados y 3.358 ejecutados, según datos presentados en la sesión. La iniciativa, impulsada por Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot, ha salido adelante sin enmiendas a la totalidad, lo que garantiza su recorrido parlamentario.

Si alguna gran asignatura queda pendiente en el régimen democrático español moderno es la que hace referencia a una ley de memoria histórica que rehabilite jurídicamente, y sobre todo moralmente, a quienes sufrieron el cruel rodillo de la dictadura mediante sentencias de tribunales nacidos de la ilegitimidad de un golpe de Estado militar. La proposición del Parlament es un buen paso adelante, siempre que nadie caiga ahora en la tentación de utilizarla como arma arrojadiza en el contencioso independentista. De lo que se trata, en definitiva, es de recuperar la dignidad colectiva.

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