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Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

EFEPATRICK SEEGER

Transparencia limitada en la UE

Eliseo Oliveras

La propuesta de transparencia que ha presentado la Comisión Europea adolece de graves lagunas que seguirán manteniendo una influencia oculta y desmedida de los lobbies en la elaboración de los proyectos legislativos de la Unión Europea (UE) y en los informes y dictámenes de las agencias europeas en los el Ejecutivo comunitario basa sus decisiones sobre cuestiones esenciales como alimentación, medicamentes, salud y contaminación. La propuesta de convertir en obligatorio el registro de lobistas para la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) se produce en un momento de grave deterioro de la credibilidad institucional tras los recientes escándalos del expresidente José Manuel Durao Barroso y la ex comisaria Neelie Kroes.

 Al presentar la iniciativa, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, reconoció que "los ciudadanos tienen el derecho de saber quién intenta influir en el proceso legislativo de

Los lobbies seguirán manteniendo una influencia oculta y desmedida en la elaboración de los proyectos legislativos de la Unión Europea

la UE". Sin embargo, la propuesta se queda muy lejos de ese objetivo, como critican Corporate Europe Observatory, Transparency International y Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU).

La propuesta básicamente establece la obligatoriedad para los lobistas de inscribirse en un registro público para poder reunirse con la cúpula de la Comisión Europea (como ya ocurre ahora), con la cúpula del Consejo de Ministros de la UE y para acceder al Parlamento Europeo para reunirse con los eurodiputados (el registro ahora es voluntario).

A nivel de la Comisión Europea, el control de los lobistas se limita a sus reuniones con los comisarios, los miembros de sus gabinetes y los directores-generales. Quedan fuera de cualquier control las reuniones de los lobistas con el resto de los altos funcionarios, jefes de unidad y demás eurofuncionarios, que son quienes realmente elaboran y redactan las propuestas legislativas, los dictámenes y las recomendaciones del Ejecutivo comunitario.

Fuera del radar

"La inmensa mayoría de las reuniones de los lobistas con los funcionarios de la Comisión Europea seguirán fuera de radar y los lobistas sin registrar podrán continuar con sus actividades sin control", denuncia Corporate Europe Observatory. "En Bruselas la mayor parte de la actividad lobista es a menudo técnica y se realiza en los niveles intermedios o bajos de la Administración europea", precisa Transparency International.

El control de los lobistas seguirá también totalmente ausente en la cuarentena de agencias europeas dependientes de la Comisión Europea. Esas agencias, con reiterados conflictos de interés, desempeñan un papel clave por sus informes, autorizaciones, dictámenes y recomendaciones, como Medicamentos, Salud Alimentaria, Productos Químicos, Banca y Mercado de Valores, por citar solo unos ejemplos. Asimismo, quedan excluidos de la propuesta sobre el control de los lobistas el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas.

La propuesta limita el control de los lobistas en el Consejo de Ministros de la UE al secretariado y a la cúpula semestral rotativa de la institución, eximiendo de cualquier obligación de transparencia a los principales objetivos de los lobistas: las representaciones nacionales de los estados miembros.

En el Parlamento Europeo, la transformación de registro de lobistas en obligatorio es insuficiente, señala el grupo Verde, que acaba de presentar un plan de transparencia para la institución. La transparencia, para que sea efectiva, debería incluir entre otras medidas: la obligación de los eurodiputados de hacer pública cualquier reunión con lobistas, precisar quiénes han influido en la tramitación de las leyes, verificar que no haya conflictos de interés en los ponentes legislativos y restringir las actividades e ingresos paralelos de los eurodiputados, señala el eurodiputado verde Sven Giegold.

Otro de los problemas de la propuesta de la Comisión Europea es el propio registro de lobistas. Corporate Europe Observatory estima que el texto debilita la definición de lobista y critica que se reduzcan los datos que se les exige, máxime cuando un informe de LobbyFacts mostró que gran parte de los datos declarados no son fidedignos. Como la propuesta sólo es vinculante políticamente, pero sin consecuencias legales, ni sanciones para los lobistas que no se registren o faciliten datos falsos, permitirá que puedan seguir reuniéndose con eurodiputados y eurofuncionarios, avisa LobbyControl.  

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