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Al contrataque

Muchos días me pregunto qué retrato harán los libros de historia de esta época en la que en España podían reírse de nosotros

Una de las frases que más repetía era «estoy alucinando en colores». Le entraba la risa floja intentando explicar lo inexplicable. Un buen retrato de nuestro país. De lo que hemos permitido y lo que quizá sigue ocurriendo. ¿Quién sabe? El protagonista en cuestión se había gastado casi 40.000 euros (en concreto, 38.776 euros) de un dinero que no era suyo, pero no se le veía nada preocupado. «Yo no he matado a Kennedy», decía sonriendo. Arturo Fernández apareció en El Objetivo hace justo dos años y esta semana hemos vuelto a verle en televisión.

Pero ahora sentado en el banquillo de los acusados por las llamadas tarjetas black de Cajamadrid. Su tranquilidad contrasta con la petición que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Pide para él un año y medio de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (para presentarse como candidato) y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. Casi todos los investigados utilizan estos días un mismo argumento: que les habían dado las tarjetas para gastos de representación y que no preguntaron mucho más.

Años prescritos

Por eso sorprende que gente como Arturo Fernández reconozca abiertamente que esos gastos fueran, además de pagos en tiendas Benetton, Nespresso, Carolina Herrera, peluquerías o restaurantes, en... ¡¡farmacias!! En concreto, Arturo Fernández, según el extracto hecho público de su tarjeta, se gastó 116 euros en una de ellas. Y prácticamente 24 horas después volvió a usar la tarjeta black de Cajamadrid para pagar 124 euros en el mismo establecimiento. Cuando en aquella entrevista le preguntamos, nos dijo que necesitaba «una aspirina». Y cuando le recordamos la cantidad gastada, sonrió y dijo: «Muchas aspirinas». Fernández era entonces, además de empresario, presidente de la patronal madrileña, la CEIM.

Es una de las 87 personas que recibieron las tarjetas black. Gastaron 15,5 millones de euros en total, pero toda la parte correspondiente a los años que van de 1999 al 2003 ha prescrito. Quizá lo que más cabrea es escuchar a muchos de ellos ahora decir que no preguntaron sobre el uso de la tarjeta, si formaba parte del salario, ni sobre quién debía declararlo. Ahora incluso alguno (Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey) ha pedido que no dejen estar a las puertas del lugar donde se celebra el juicio a los preferentistas. A los que perdieron los ahorros de su vida en esa entidad. Muchos días me pregunto qué contarán los libros de historia de todo lo que estamos viviendo estos años en España. Cuál será el retrato que se haga de una época en la que podían reírse de nosotros.

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