La formación de gobierno en España y la herencia de la Segunda República

Las reglas en favor de la estabilidad gubernamental de la Constitución, tras la convulsa experiencia republicana, combinadas con el nuevo sistema de partidos hacen más difícil formar gobierno

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Una reunión del pleno del Congreso de los Diputados, de inicios de septiembre.

Una reunión del pleno del Congreso de los Diputados, de inicios de septiembre. / JOSÉ LUIS ROCA

España no consigue formar gobierno desde que las elecciones generales de diciembre del 2015 transformaron radicalmente su sistema de partidos. La dificultad de formar gobierno está relacionada con los cálculos de los partidos sobre los posibles costes y beneficios de apoyar o no gobiernos distintos  en términos de apoyo político de los votantes, conseguir sus prioridades en cuanto a políticas públicas y obtener cargos políticos. Las reglas para la formación y censura del gobierno afectan a estos cálculos.

Las reglas que España adoptó en la constitución de1978 son dramáticamente diferentes que las que rigieron durante su primera democracia, la Segunda República (1931-36), un golpe de Estado en contra de la misma llevó a una brutal guerra civil y décadas de un régimen autoritario bajo Francisco Franco. La Constitución actual, adoptada durante la transición a la democracia, da al Parlamento un papel significativo para investir al Gobierno, mientras simultáneamente dificulta que el Parlamento pueda destituir al Gobierno. Por el contrario, la Constitución de 1931 daba al presidente de la República un papel crucial en la formación y censura del Gobierno. El Parlamento no tenía un papel formal en la formación del Gobierno pero era más fácil destituirlo. Las reglas actuales son en parte una reacción a la inestabilidad gubernamental durante la Segunda República.

SELECCIÓN Y DESTITUCIÓN DEL GOBIERNO

De acuerdo con la Constitución de 1978, para formar gobierno, el Monarca nomina un candidato a presidente después de una ronda de consultas con los partidos políticos del Parlamento. A continuación de un debate parlamentario, el candidato se ve sometido a un voto de investidura formal en el Congreso de los Diputados. El candidato debe recibir el apoyo de la mayoría absoluta del número total de diputados para ser investido. Si no se alcanza, es suficiente una mayoría de más 'síes' que 'noes' en una segunda votación 48 horas más tarde. Esto significa que un número suficiente de diputados debe votar a favor del candidato o abstenerse, lo cual favorece al candidato en la segunda votación, en una votación pública y muy visible para poder formar gobierno. En otras palabras, los partidos deben revelar sus posiciones de manera muy clara ante los medios de comunicación y el electorado, y afrontar las consecuencias positivas o negativas de sus decisiones.

La moción de censura constructiva  establece un umbran muy alto para destituir al Gobierno

Pero no son las reglas de investidura las únicas que importan. Los diputados en las democracias parlamentarias pueden destituir a sus gobiernos con una moción de censura. Pero España, al adoptar una moción de censura constructiva en su Constitución de 1978, estableció un umbral muy alto para destituir al Gobierno. La moción de censura constructiva requiere que una mayoría absoluta de diputados vote para destituir al Gobierno y simultáneamente se ponga de acuerdo para elegir a un nuevo presidente. Así pues, al votar al candidato a presidente, los diputados son conscientes que las reglas hacen que sea muy difícil derrocar a un Gobierno una vez este ha sido formado.

A diferencia de la monarquía parlamentaria actual, el presidente de la República era el jefe del Estado durante la Segunda República. La Constitución de 1931 estipulaba que el Parlamento elegiría al primer presidente de la República por mayoría absoluta (primera votación) o por el mayor número de votos (segunda votación). A partir de aquí, el presidente sería elegido conjuntamente por los parlamentarios y por unos compromisarios -igual en número a los diputados- que son elegidos por sufragio universal. Ese proceso, que a la práctica tuvo lugar solo una vez en 1936, es una fórmula hibrida interesante entre un presidente seleccionado por el parlamento y uno elegido por voto popular.

El Parlamento de la Segunda  República no se otorgó un papel formal en la formación de gobierno

El Parlamento de la Segunda República no se otorgó un papel formal en la formación de gobierno. De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República "nombrará y separará libremente al presidente del Gobierno, y, a propuesta de este, a los ministros". Aunque muchos de los gobiernos que se formaron entre la aprobación de la Constitución y el inicio de la guerra civil plantearon una cuestión de confianza para demostrar que tenían apoyo parlamentario, legalmente se presumía que el Gobierno tenía la confianza del parlamento a menos que o hasta que formalmente se la retirase. Con un Parlamento altamente fragmentado entre múltiples partidos, el presidente de la República, en la práctica, tenía gran influencia sobre la composición del Gobierno. Las reglas también facilitaban la formación de gobierno porque los parlamentarios no necesitaban ponerse de acuerdo antes de que se formara.

EL PODER DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Una vez constituidos, los gobiernos de la Segunda República podían ser destituidos más fácilmente de lo que pueden hacerlos hoy en día. La constitución daba al presidente de la República el poder de destituir "libremente" al presidente del Gobierno, y estipulaba que el presidente de la República debía destituir al gobierno si el Parlamento le retiraba su confianza, haciendo que el Gobierno fuera separadamente responsable ante las dos instituciones. El Parlamento podía censurar al Gobierno o a alguno de sus ministros con el apoyo de la mayoría absoluta de sus miembros, en contraste con la moción de censura constructiva de hoy día.

Después de la aprobación de la Constitución de 1931, el Parlamento eligió a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República. El papel del presidente de la República en la selección y destitución del Gobierno a menudo fue polémico. Entre otras cosas, fue criticado por mantener extensivas consultas antes de elegir al presidente del Gobierno, mucho más allá de los individuos y partidos del Parlamento; aun así rechazó consultar con las fuerzas políticas que no fueran republicanas. Fomentó la formación de gobiernos que incluían a sus amigos y omitían a líderes de partidos políticos clave. Retiró su confianza al presidente del Gobierno Manuel Azaña, cuando este aún contaba con la confianza del Parlamento. Interpretó muy ampliamente su autoridad constitucional para incluir nominaciones que diferían de las preferencias de la mayoría del Parlamento, especialmente después de que las elecciones de 1933 llevaran a la victoria de la derecha política. Además, después de 1933, intentó influenciar en los objetivos del gobierno a través de ‘notas presidenciales’ que acompañaban a la nominación del Gobierno.

El papel de Alcalá Zamora  en la selección y formación de gobierno fue a menudo polémico

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Alcalá Zamora también disolvió el Parlamento en dos ocasiones durante su mandato. La Constitución estipulaba que el nuevo Parlamento valoraría la necesidad de una segunda disolución que tuviera lugar durante el mandato de seis años del presidente de la República. Si el Parlamento consideraba innecesaria la disolución, conllevaría la destitución del presidente de la República. En 1936, el Parlamento destituyó a Alcalá Zamora cuando consideró innecesaria la segunda disolución. Después de una breve presidencia interina, Manuel Azaña fue elegido presidente de la República. Poco después empezó la guerra civil.

La experiencia de la Segunda República influenció en numerosos aspectos de la democracia española actual. La inestabilidad gubernamental, como indican los 17 gobiernos que existieron entre la aprobación de la Constitución de 1931 y el inicio de la Guerra Civil en 1936, llevó a los diseñadores de la actual Constitución española a adoptar instituciones que ellos creyeron que fomentarían la estabilidad gubernamental. Esas instituciones incluyeron una votación de investidura en el Congreso de los Diputados para seleccionar al presidente del Gobierno y una moción de censura constructiva. Estas reglas, combinadas con el nuevo sistema de partidos, han hecho más difícil formar gobierno.