TRIBUNA

Por una gestión pública, transparente y 'terrassenca' del agua

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JORDI BALLART PASTOR

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Para mí, este es un principio fundamental: el agua es y debe ser de todos. Como dice el artículo 128 de la Constitución,  tenemos que luchar para sea una realidad y no un deseo: "Toda la riqueza del país, en sus diversas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada el interés general ".  Este principio, sin lugar a dudas, incluye e incluirá el agua y muchos otros bienes básicos, que deben estar al servicio del interés de los ciudadanos y no ser un simple negocio en función de intereses privados. Una inmensa mayoría estamos de acuerdo en eso, pero hay gente que

juega a hacer que perdamos de vista la parte esencial del debate y que nos despistamos con las cuestiones accesorias.

Insisto: el agua de Terrassa es y debe ser de Terrassa. de todos los terrasenses, no solo de aquellos o aquellas que se

piensan que tienen una especie de propiedad perpetua sobre la ciudad. La cuestión no es la historia ni el pasado, aunque algunos quieran idealizarlo. Se habría podido hacer diferente, claro que sí, pero en aquella ciudad del siglo XIX, con esa política al servicio de unas clases industriales dominantes, no había otra opción: gestión privada de un bien público. El contrato de 1941, en plena posguerra y en los años más duros del franquismo, ya me parece menos aceptable, pero tampoco voy a entrar ahora a discutirlo: lo que me interesa es construir el futuro y no ser esclavo del pasado.

Es obvio que la empresa Mina ha hecho cosas bien a lo largo de la su historia. Pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si en el 2016 hemos de hacer las cosas en función de lo que ocurrió en 1841, en 1941, en 1979 o

en los años 90. Lo que a nosotros nos toca es decidir en el presente y pensar en el futuro, sin olvidar que en 1841 no existía ningún texto constitucional que dijera lo que dice el nuestro, aunque a mucha gente no le interesa recordarlo ni en cuanto al agua, ni a la vivienda, ni al sistema financiero o a las relaciones laborales y en tantas otras cuestiones clave para el bienestar y para el progreso social. Lo repito: el interés general está por encima de el interés privado.

ENCONTRAR RESPUESTAS DEL SIGLO XXI

Por tanto, no hay "soluciones naturales", sino decisiones democráticas. No hay desagradecimiento por los servicios prestados (y pagados), ni menosprecio por la visión histórica o la capacidad empresarial. Hay, simplemente, la necesidad de encontrar respuestas del siglo XXI y no del siglo XIX, en un momento en el que es decisivo preservar y fortalecer el sector público, el buen gobierno y la transparencia. Y del mismo modo que la gestión privatizada no tiene nada de 'natural' ni está escrito que deba ser más económica o eficiente, tampoco se trata de quién es más o menos 'terrassenquista'.

El 'terrassenquisme' de la gente, de todos, es más amplio, más limpio y más enriquecedor socialmente que el supuesto patriotismo desinteresado de los que hacen negocios con el 'terrassenquisme'. Una empresa privada que está dominada por capital 'no terrasense' difícilmente puede hacer bandera de su arraigo en la ciudad. No se entiende la actual situación si olvidamos que lo que está en juego no es Terrassa, sino el dominio del agua en Catalunya, en España, en Europa y en gran parte del mundo. La gestión del agua en Terrassa es, simplemente, un frente que los auténticos propietarios de la Mina, que no son 'terrasenses', no pueden perder, porque saben que después perderán muchos más. Por ello, en Terrassa nos concentramos a preservar lo que es de Terrassa, lo que pertenece al país y que no podemos permitir que sea un simple activo en manos de poderosos intereses empresariales y financieros internacionales.

La situación habría sido más fácil, sin duda, si la empresa concesionaria hubiera tenido más claro que el agua no es suya, si hubiera estado más transparente, si hubiera colaborado lealmente con el ayuntamiento, si no hubiera recorrido decisiones democráticas, de haber aceptado las ofertas de diálogo que se han planteado y que ha rechazado sistemáticamente. La razón de fondo es que la empresa concesionaria no reconoce la titularidad del ayuntamiento sobre el servicio, y retiene información esencial para definir su futuro. Y quiere imponer una propuesta única, la suya, que no ha sido aceptada por el ayuntamiento, unilateral, interesada, que pasa por encima de los principios de publicidad y libre concurrencia. Esta es la clave del conflicto, que la empresa concesionaria quiere presentar falsamente como si el ayuntamiento se negara a dialogar.

UN NUEVO ENFOQUE EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Creo que los intereses que hay por encima de la empresa no son ajenos a esta actitud de obstrucción, de poner palos en las ruedas, de dificultar los acuerdos y dar todas las culpas al ayuntamiento y en la gran mayoría política y social que defiende un nuevo enfoque de la cuestión del agua. Este alcalde siempre defenderá la transparencia, la ética en la

gestión pública y los intereses de los 'terrasenses', por encima de cualquier interés particular y tampoco aceptará supuestos pactos ocultos, hechos en los despachos y de espaldas de la ciudadanía. Todo con paredes de cristal. Así es como entiendo el 'terrassenquisme' del siglo XXI. La situación es muy sencilla de entender: hay un contrato que acaba y debe liquidarse el trabajo hecho y poner las bases de un futuro de ciudad.

Como máximo responsable del buen funcionamiento de la Administración, me comprometo a que la liquidación de la concesión se haga con total respeto a la ley. Y espero la participación de toda la sociedad 'terrassense' por analizar las diferentes fórmulas de gestión de forma fiable y transparente, en los debates públicos que iniciamos en los próximos días. El ayuntamiento tiene la obligación de definir el futuro del servicio en defensa los intereses de todos los ciudadanos 'terrasenses', y esta tarea la hará con plena libertad, dentro de la ley y sin aceptar las presiones disfrazadas de ofertas de diálogo. En el mundo institucional, no hay derechos adquiridos, lo sabemos todos y todas.

Justamente porque no queremos renunciar al agua ni a nuestra historia, decimos que el agua debe seguir siendo de Terrassa claramente, rotundamente, sin matices. Que no puede ser un objeto de negocio o de transacción comercial. Y que, si así lo decide democráticamente la mayoría del pleno, debe ser gestionada de forma directa, precisamente para garantizar que esté al servicio de los intereses generales y no de los beneficios particulares.

Nadie puede disputar la soberanía de un plenario, pero todo el mundo debe estar abierto a escuchar y reconocer al otro. Con este espíritu pido a la parte 'terrassenca' de Mina que reconsidere su actitud y pase a colaborar con el futuro de Terrassa, ayudando a hacer una liquidación ejemplar que la vuelva legitimar como empresa con espíritu egarense. Este es mi compromiso, no contra nadie, sino a favor de todos: la gobernanza pública es la mejor garantía para el siglo XXI el agua siga siendo 'terrassense' y de todos.