Análisis
Prevención deficiente
El cumplimiento de la normativa es formal y está alejado de su implantación real y eficiente
Ramon Bonastre
Abogado. Exdirector general de Relacions Laborals de la Generalitat.
RAMON BONASTRE
La prestación de un trabajo remunerado es un medio para ganarse la vida pero en ningún caso es aceptable que conlleve la pérdida de salud de las personas, cuando no de su vida, y la exposición incontrolada a factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo.
Esta afirmación parece contradecirse con lo que reflejan los recientes datos de siniestralidad laboral en Catalunya, según las cuales en un año (junio 2015 / julio 2016) los accidentes de trabajo han aumentado el 11,6% y el índice (ponderación del número de trabajadores por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social) el 5,52%. Estos aumentos se concretan en el último semestre de este año con la existencia de un total de 44.806 accidentes de trabajo en el mismo periodo.
La cuestión no es únicamente el aumento de la siniestralidad y la lamentable afectación a la salud de las personas en el trabajo, sino la aceptación social que parece existir en este aspecto, por lo que a menudo se considera habitual que un aumento de actividad y por tanto de la población trabajadora conlleve automáticamente un crecimiento de los accidentes de trabajo.
No debería ser así, pues a un aumento de actividad y a una mayor población expuesta debería existir un mayor y más eficiente control de los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo y, en cambio, la realidad nos indica que sucede todo lo contrario.
Las causas en este ámbito son múltiples, aunque hay que referirse al sistema de prevención del país. En este sentido, la adaptación de la normativa de la Unión Europea conllevó un sesgo erróneo dado que primó la externalización de los sistemas de prevención en oposición al criterio europeo de la gestión interna. Así se fomentó la creación de múltiples organizaciones, externas a las empresas, para la prevención, olvidando su fundamento, que no es sino su realización en los centros de trabajo y durante la prestación de la tarea laboral. Sin embargo, por esta vía se facilitó un cumplimiento formal de la normativa en prevención, alejado de la implantación real y eficiente para el control de los factores de riesgos.
Otro elemento a tener en consideración es la posible relajación de las organizaciones en el control de los riesgos. Aunque en épocas de crisis económica parece que este sería un gasto quizá cuestionado en cuanto a la inmediatez de resultados, realmente faltan factores de análisis directos de esta situación.
Por otra parte, uno de los agentes clave en la prevención de riesgos como son las mutuas de accidentes de trabajo han sido objeto de un cambio regulatorio (ley 35/2014) por parte del actual Gobierno central que ha supuesto una verdadera oportunidad perdida para resituar dichas organizaciones en su función de actores fundamentales, responsables y directos en la prevención de siniestros (como por ejemplo ocurre en Alemania).
Negociación colectiva
Si al anterior panorama añadimos el exceso de la jornada que parece desprenderse de los datos públicos, así como la escasez de tratamiento que los agentes sociales dan al tema en la negociación colectiva (cuando la integridad física debería ser el primer objetivo y objeto a tratar y preservar), junto con un sistema fiscalizador que es más formal que de contenido y el fracaso del sistema bonus/malus bonus/maluspara primar a las empresas que sean eficientes en el control de los riesgos, no es de extrañar que el país, como en tantos otros indicadores, encabece desgraciadamente las estadísticas de siniestralidad en la Unión Europea.
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