Opinión
Colombia: ¿paz con las heridas abiertas?
Carlos Pérez del Valle
Catedrático de Derecho Penal de la Universitat Abat Oliba CEU.
CARLOS PÉREZ DELVALLE
El anuncio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera a finales de agosto me sorprendió en Bogotá, cuando impartía un curso de doctorado sobre justicia transicional. Tal vez por ello no me asombra la progresión de voto que revelan las encuestas recientes sobre el plebiscito que se ha de celebrar en Colombia el próximo 2 de octubre: los partidarios de la ratificación del acuerdo han disminuido en 10 puntos y solo alcanzarían el 55,3% de los votantes. A mi juicio, no se trata de un rechazo de la paz: la población colombiana percibe que el Gobierno de Santos no ha apreciado suficientemente la complejidad del conflicto, o ha cedido, en parte, la valoración de esta complejidad a la guerrilla.
Por un lado, la guerrilla de las FARC ha mantenido su dominio, durante décadas, sobre una parte no irrelevante del territorio colombiano, y este poder afectaba a los mecanismos de poder político y a la actividad económica. De este modo, un grupo fuertemente ideologizado ha mantenido estructuras paraestatales sobre medios coactivos que afectaban incluso a su financiación a partir de lo que denominaba “economía de guerra”. Ciertamente, los grupos de autodefensa o de los paramilitares, cuyo objetivo inicial era contrarrestar la guerrilla, han seguido una evolución similar. En la pacificación, por tanto, existen tres partes: guerrilla, paramilitares y Estado. En el Acuerdo final no entran los paramilitares, aunque estos se habían ya acogido a la legislación vigente de Justicia y Paz desde 2005.
LA COCAÍNA, EL ELEMENTO CLAVE
La actividad económica dominante en estos territorios, dominados por la guerrilla o por fuerzas paramilitares, por el lucro especial que ha producido en los últimos tiempos, ha sido el cultivo y la comercialización de la cocaína. La consecuencia es la confusión entre los objetivos (la lucha armada por la liberación del pueblo en el marco ideológico del marxismo-chavismo, por un lado; la defensa de los propietarios de las tierras frente a la agresión de los guerrilleros, por otro) con medios específicos muy rentables (el tráfico de drogas) que, en muchas ocasiones, se han convertido en fines primarios.
Por esa razón, la actuación de guerrilleros y paramilitares ha implicado con frecuencia desplazamiento y desposesión de campesinos de sus tierras o la imposición, a veces coactiva, del cultivo de cocaína. A ello se añade que la ausencia de un poder estatal firme en zonas cercanas al conflicto ha provocado también un florecimiento de la corrupción vinculada al narcotráfico, y de la que no han escapado agentes del poder estatal o profesionales que, en principio, constituyen un presupuesto para la estabilidad, como autoridades judiciales, funcionarios de policía, abogados y, por supuesto, políticos.
DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN
La pacificación en Colombia no solo requiere resolver problemas penales de quienes intervinieron directamente en un conflicto violento con más de 220.000 muertos e innumerables vejaciones de todo tipo, entre las que destaca el reclutamiento forzoso por guerrilleros y paramilitares de miles de niños y niñas. A la reparación de las víctimas se añade el regreso de los niños soldado y la restauración de la propiedad de la tierra para quienes han sido desposeídos, la resolución de aspectos jurídico-penales de quienes han intervenido en la producción de cocaína sin un lucro especial (como si se tratase de cualquier otro cultivo) y la previsión, en el futuro, de otras actividades en el campo colombiano afectado por el conflicto.
En ese contexto, es explicable la desconfianza creciente de la población colombiana, que duda de la capacidad de compromiso de la guerrilla y que no entiende el trato particularmente favorable que los acuerdos prevén para los guerrilleros. La denominada justicia transicional, que en otros países latinoamericanos ha sido exigente con lesiones graves de los derechos humanos, ha acogido a las FARC con una benevolencia desacostumbrada. La cuestión no es la paz, sino las condiciones en las que se alcanza en un conflicto con heridas abiertas.
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