El arte Florentino de las concesiones

Hay empresarios que siempre caen de pie. O aún mejor, a veces incluso no llegan a caer mientras se hunden los de su entorno. Florentino Pérez, presidente de ACS, entraría en este grupo. En Catalunya se hizo más famoso aún de lo que ya es cuando se supo que era uno de los accionistas destacados de la empresa que construyó el almacén submarino de gas conocido como Castor, que no llegó a entrar en funcionamiento tras provocar una serie de terremotos en la costa próxima. Y todavía incrementó sus simpatías al hacerse público que el Gobierno, o sea todos, pagó a la concesionaria más de 1.300 millones a la empresa que construyó la plataforma como indemnización porque no entraba en funcionamiento y no podría cobrar por su uso. Todo muy legal, aunque ahora lo estén analizando los servicios de competencia de la Comisión Europea y haya denuncias en contra de ese pago. De momento, Florentino ha recuperado ese dinero y los clientes del gas lo pagarán en su recibo durante años.

Esta semana, ACS ha vuelto a ser protagonista de una historia similar. Esta vez, afortunadamente, no ha habido temblores de tierra. Lo que ha vibrado han sido las previsiones de tráfico ferroviario que se hicieron para el túnel del AVE en El Pertús.Tanto, que la empresa concesionaria de este servicio, TP Ferro, ha quebrado y ahora los gobiernos español y francés se harán cargo de la concesión para asegurar el servicio pero también deberán indemnizar a la empresa que hizo las obras, presidida por Florentino. Este reclama entre 400 y 500 millones. Posiblemente todo volverá a ser muy legal.

Pero de nuevo lo que debe ponerse en cuestión es la poca habilidad y el poco rigor de la Administración, la que sea y del color que sea, a la hora de realizar los contratos concesionales para obras de infraestructura que necesitan una gran inversión y que se amortizan a largo plazo a partir de las previsiones de uso. Ha sucedido ahora con este túnel, pero hay los precedentes de las autopistas de peaje radiales de Madrid y otras más en Andalucía, que pueden acabar costando a los ciudadanos 3.500 millones de euros. De nuevo, las previsiones de vehículos han tenido muy poco que ver con la realidad, y, otra vez, el famoso artículo que atribuye al Estado la responsabilidad patrimonial hará que las pérdidas se socialicen. Curiosamente, cuando de lo que se trata es de realizar una obra pública, el error en las previsiones es siempre por defecto: unas rondas de Barcelona insuficientes, o un Eix Transversal que se tuvo que ampliar a los pocos años de su entrada en funcionamiento, por citar dos ejemplos. Hace falta más rigor y un control previo de los contratos realmente efectivo y que responda a la realidad y no a previsiones inasumibles.