El debate sobre el 'top manta' (y 2)

No tapemos el racismo bajo la manta

El fondo del problema de los manteros reside en un sistema institucional que discrimina por razones xenófobas

NUALART VIERNES

NUALART VIERNES / periodico

KARLOS CASTILLA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Qué hacer con los manteros. Esta es la cuestión que se ha convertido en tema de debate público con voces a favor y en contra. Pero lo que vemos, principalmente en las zonas turísticas de Barcelona, es tan solo la cara visible de un sistema institucional y legal que excluye, que discrimina. Sistema institucional y legal que no está solo en manos del ayuntamiento que encabeza Ada Colau, como de manera equivocada se pretende focalizar, sino que también pasa por acciones desde la Generalitat de Carles Puigdemont, del Gobierno estatal -con quien finalmente lo encabece- y, por supuesto, por el Parlament, las Cortes y el Poder Judicial por medio de los jueces con competencia en Barcelona, por ser la ciudad que utilizo como ejemplo por la situación actual que se vive.

Esto es así porque los debates relativos a la afectación del espacio público, las autorizaciones para ejercer el comercio en la vía pública o incluso la obligación de las autoridades de perseguir el delito penalmente cuando se comercializan productos son relevantes, pero no van al fondo, ni al origen de todo, sino que tan solo buscan ocuparse de lo inmediato y visible y, como antes advertí, parecen delegar la responsabilidad en las autoridades más próximas a la ciudadanía, cuando en todos los diferentes ámbitos hay mucho por hacer.

¿POR QUÉ?

Por ello, antes que encontrar una respuesta a ¿qué hacer con ellos?, deberíamos preguntarnos ¿por qué ejercen esa actividad? ¿Por qué lo hacen sin autorización? ¿Por qué venden esos productos? ¿Por qué en las zonas turísticas? ¿Son solo ellos? Preguntas que no tienen en todos los casos una respuesta única, pero que sí nos darán muestra de que todo se inicia más allá de la Rambla o el puerto de Barcelona, más allá de las competencias de los ayuntamientos, aunque también dentro de estas.

Si bien es cierto, tal y como lo ha documentado y denunciado SOS Racisme Catalunya, que los actos de autoridad visibles con clara connotación racista se dan en muchos casos en las actuaciones policiales desproporcionadas y abusivas de la Guardia Urbana o los Mossos, las discriminaciones no visibles -pero presentes- se inician con la ley de extranjería, el Código Penal o las actuaciones de los jueces, la pasividad cómplice de los cuerpos legislativos y la normalización de la discriminación racial de las administraciones bajo el pretexto de que solo cumplen la ley. Con lo que, con la manta, se pretende y se ha logrado en muchos casos ocultar ese sistema institucional y legal que discrimina, que excluye y restringe en razón de la nacionalidad, del color de la piel, del origen de las personas.

DISCRIMNACIÓN RACIAL

Lo anterior no es retórica. De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de la cual forma parte España, bajo la expresión 'discriminación racial' se recoge toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, linaje u origen nacional o étnico que afecte al reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública.

Por lo tanto, parece evidente que esa ley que excluye de derechos a la persona en razón de su condición migratoria ligada a su nacionalidad orillándola a realizar actividades no autorizadas para ganarse la vida, ese Código Penal que criminaliza distinguiendo al excluido que vende productos penalmente protegidos y no a quien los compra; esa pasividad legislativa que no elimina las restricciones que anulan y menoscaban derechos; esas actuaciones administrativas, judiciales y policiales que prefieren actuar en contra de los excluidos de origen y ser laxas frente a los poderes económicos que se benefician en última instancia de todo ello; así como todas aquellas autoridades que invisibilizan y encubren, conscientemente o no, los abusos y arbitrariedades con cargas xenófobas, entre otras tantas cosas más que hay alrededor de este tema, son todas, en diferentes grados, claras muestras de discriminación racial institucionalizada que difícilmente se terminará con la colocación de carteles, persecución o detenciones.

Sé bien que la solución a esta situación que se ha convertido en un problema no es sencilla, ni en Barcelona, ni en muchas otras ciudades. Pero, es importante no olvidar que nada mejorará, ni se solucionará, si seguimos viendo solo lo inmediato, mientras mantenemos como 'lo normal', 'lo que toca', ese conjunto de distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que motivadas solo en el color de piel, el origen nacional o étnico, están vulnerando los derechos y libertades fundamentales de muchas personas. No ocultemos el racismo con la manta.