Derechos y deberes

Mirar las pensiones permite ver cómo funciona una economía. En nuestro país, en este debate se proyectan los interrogantes del modelo económico y también se manifiesta la intención de la política económica que nos gobierna. Desde esta perspectiva, el hecho de que el Gobierno haya dispuesto de 1.000 millones más del fondo de reserva tiene una importancia relativa. Demuestra que, pese a la retórica oficial, estamos aún en crisis. En época de bonanza económica se generan excedentes y rellenamos la hucha y en época de crisis, como ahora, la vaciamos. En este punto, si el Gobierno quería cumplir la ley no tenía margen para hacer otra cosa. Ahora bien, la cuestión de las pensiones trasciende lo que pasa con la hucha.

El gasto en pensiones es el resultado de combinar tres factores: la demografía, la tasa de desempleo y un tercer factor, que incluye las reglas que determinan las pensiones en función del historial laboral así como el marco general de financiación. El Gobierno no puede mejorar, en el corto plazo y de forma directa, ni el primero ni el segundo factor. Por tanto, la iniciativa se reduce a redefinir las reglas y, en todo caso, a reformar el sistema de financiación.

¿Qué han hecho las dos últimas reformas del sistema en el 2011 y 2013? En resumen, han introducido tres cambios para reducir las pensiones progresivamente. Primero, los que se jubilen después de la reforma cobrarán un pensión menor que una persona con el mismo historial laboral. Segundo, la pensión se empezará a cobrar más tarde porque se alarga la edad de jubilación. Incluso con estos recortes, el coste no se puede controlar suficientemente por el envejecimiento de la población. Por este motivo, la reforma del 2013 previsiblemente congelará un buen número de años todas las pensiones (con incrementos nominales del 0,25% anual). El resultado: en España se ha producido uno de los endurecimientos más severos dentro de la UE orientado a reducir considerablemente la pensión media real.

LAS PRIORIDADES POLÍTICAS

¿Hay alternativas? La respuesta casi siempre es «depende». Depende de cuáles son las prioridades políticas, los principios esenciales. En España el principio dominante ha sido reducir el gasto del sistema para hacerlo sostenible sin contar con ingresos externos. Y, de hecho, se tendrán que hacer más recortes si se han de cumplir los compromisos con la Comisión Europea. Otros países, con perspectivas demográficas similares, también han reducido costes pero simultáneamente han explorado las posibilidades de hacer viable el sistema por la vía de aumentar los ingresos. Se puede pensar en incrementar las cotizaciones (en España, las que paga el trabajador son relativamente bajas), eliminar el tope a las cotizaciones, crear impuestos nuevos finalistas para las pensiones, luchar contra el fraude...

Las pensiones dignas son derechos de los ciudadanos y forman parte del núcleo del contrato social. Si los políticos quieren hacer nueva política, pueden empezar por cumplir con su deber de encontrar fórmulas para hacer sostenible el sistema de pensiones y, a la vez, respetar nuestros derechos.