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El tablero político catalán

Constitución e independencia

Jaume López

Un proceso constituyente debe ser transversal ideológicamente e inclusivo en el ámbito social

La presentación de las conclusiones de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, que parece que serán aprobadas en el pleno del Parlament del miércoles, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional, me llevan a hacer unas consideraciones con todo el respeto por el trabajo de una comisión que ha contado con excelentes comparecientes. El debate constituyente y el debate sobre la independencia deben mantenerse separados. No aparece así en las conclusiones y este punto es clave si queremos hacer un proceso constituyente de calidad y que sea un ejercicio de país y no circunscrito, de entrada, a los independentistas. Se puede, incluso, considerar un fraude invitar a la ciudadanía desde las instituciones a redactar una Constitución cuando aún no somos un Estado independiente. Es incoherente y fácilmente criticable.

Los que no quieran la independencia, ¿por qué deberían participar de este proceso? O se hace un proceso constituyente cuando ya se es independiente, o se empieza ahora un proceso constituyente que no presupone la independencia pero que puede contribuir a deliberar sobre el país que queremos entre todos y donde se pueden destilar también unos principios constitucionales. Hay que articular fases diferentes en el conjunto del proceso.

FIJAR UNOS PRINCIPIOS GENERALES

Esta modularidad es totalmente coherente con la forma de entender un proceso constituyente incluso en los estados que ya son independientes. En el siglo XXI, muchos procesos constituyentes han comenzado por grandes deliberaciones ciudadanas, donde se fijan unos principios generales que dan paso después, en otra fase, y con otras técnicas democráticas, a la elaboración de la Constitución. Probablemente esto sea cada vez más la norma de este tipo de procesos. Fijar unos principios que queremos defender y que nos definan como país en todos los ámbitos puede desarrollarse en el actual marco institucional y sin prefigurar el resultado del proceso de independencia.

Alguien puede preferir llamar a esta primera fase preconstituyente, especialmente si identifica constituyente con elaboración de un texto constitucional. De acuerdo. Pero parece una manera de minusvalorar el trabajo inicial de la ciudadanía, en su tarea de deliberación general. Otros -o los mismos- dirán que ni así se apuntarán al proceso constituyente los Comunes-Podemos-CSQP. Tal vez no estarán, pero ahora, francamente, no están invitados. Pero, sobre todo, no debemos pensar en partidos políticos, sino en los cientos de organizaciones que, ni han hecho ni harán un debate interno sobre la independencia, y que no es necesario que se posicionen para contribuir activamente al proceso constituyente. Les debemos hacer fácil su participación. Porque es evidente que un proceso constituyente debe buscar ser transversal ideológicamente, inclusivo socialmente (y no solo en términos de género), abierto, transparente y participativo.

EL PODER DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL

Una parte de la ciudadanía de Catalunya ya hace tiempo que hace aportaciones serias sobre el proceso constituyente. Algunos se llenan la boca con panegíricos sobre el poder de la ciudadanía y la sociedad civil, pero luego no la tienen en cuenta aduciendo que no es suficientemente representativa o, aún peor, que no la ha votado nadie. La ciudadanía y sus organizaciones suelen maximizar sus recursos limitados, muchos de ellos voluntarios e inferiores a los recursos públicos, en ejercicios a menudo de impecable naturaleza democrática (¿cuánta gente conoce la Marxa Som que está recorriendo el país? ¿Son unos pocos?. Sí, y lo seguirán siendo sin medios para darse a conocer.)

El protagonismo ciudadano no solo es importante en términos democráticos, sino que resulta imprescindible en el actual contexto político. No se pueden ir haciendo supuestos actos de desobediencia que no llevan a ninguna parte, más allá del desgaste. Hay un único gran acto de soberanía o desconexión. Por eso, antes del mismo, una iniciativa exclusivamente ciudadana, solo con el visto bueno político del Parlament, tiene el añadido positivo que no encontrará ningún obstáculo en la legislación española.

En este sentido, también se podría volver al Pacte Nacional pel Dret a Decidir como un marco desde el que impulsar esta primera fase de deliberación ciudadana y empezar a materializar el ansia de regeneración democrática que ha expresado la sociedad catalana. Hay que creer en este protagonismo ciudadano, que no puede confundirse con la organización de grandes manifestaciones. La iniciativa ciudadana y la iniciativa parlamentaria deben confluir, pero no pueden confundirse. El derecho a decidir unió a todos los demócratas. El proceso constituyente, bien entendido, debería conseguir lo mismo.

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