La ola de corrupción que nos invade

La corrupción, junto con la otra cara de la moneda -un sistema político ineficaz y caduco-, es nuestro primer problema. Cada día los medios nos ponen sobre la pista de nuevos casos de corrupción, perpetrada de modo chapucero y altanero, en la seguridad -pensaban esos malhechores- de la más absoluta impunidad.

Eso venía siendo verdad hasta hará más o menos unos 10 años, justo cuando la crisis empezó a alborear. La justicia está respondiendo, no bien, sino muy bien. Mal, muy mal, dirá más de un lector. Permítaseme disentir. Pese a alguna poco edificante inadmisión de querellas y de algunas rebajas de penas no siempre entendibles por parte del Tribunal Supremo y cierta tortícolis de la Fiscalía General del Estado, el resultado no es censurable. Para empezar, si no fuera por la justicia -ni por los medios-, el panorama sería peor, absolutamente irrespirable y seguramente el sistema ya habría estallado de mala manera.

Se me dirá -y es cierto- que los procesos penales se enquistan, son interminables, y las penas, a veces, benignas. Esto requiere más de una matización porque, en líneas generales, esta crítica, no exenta de demagogia, es errónea. Cierto: los procesos duran y duran porque tenemos procedimientos obsoletos, una cultura de escritura y de reiteraciones, descoordinaciones, una oficina judicial ajena a una gestión racional... También por la multiplicidad de recursos en fase de instrucción, lo que dilata su conclusión. Se añade que el sistema es garantista. Lo anterior es cierto y requiere reformas radicales, salvo lo que hace referencia a las indeclinables garantías. Ningún lector querría que le quitasen ni una. No lo quiere, cuando es juzgado aquí, prácticamente ningún europeo.

LA REBAJA NO CASUAL DEL PP

Pero con ser esos aspectos auténticos puntos negros de la justicia -y de inmerecida mala imagen-, lo grave, el cáncer que atenaza el sistema judicial español, es otro. Es la falta de medios. En la actualidad, hay menos jueces y fiscales (y menos funcionaros de apoyo) dedicados a la Administración de Justicia y menos medios que en el 2011, cuando llegó el PP al poder. Ello no es casual. Al descubrirse cientos de casos de corrupción, el poder se siente inquieto.

Después de rebasar los controles previos, que han resultado por unas u otras razones inoperantes (desde las intervenciones municipales a los tribunales de cuentas), una justicia diezmada, mal pagada y con pobres medios se enfrenta desigualmente a los poderosos, a los que detentan los mecanismos del poder político y económico. Con la mitad de jueces por 100.000 habitantes (11 contra 22) que la media europea, nadie puede esperar milagros.

Pese a las abrumadoras pruebas que conocemos, los presuntos culpables procesalmente se permiten exigir celeridad y se quejan de persecución, cuando no de conspiraciones en su contra. En fin, no es que tengamos jueces que no dan un palo al agua, sino que padecemos gerifaltes que no hacen más que ponerles palos en las ruedas, cuando no auténticas minas.