29 feb 2020

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TRIBUNA

Blair, Bush y Aznar, en el aeropuerto de la isla de Terceira, en las Azores, antes de la cumbre donde se decidió la invasión de Irak, el 16 de marzo del 2003.

REUTERS / HARRY PAGE

Aznar, más temprano que tarde, deberá rendir cuentas

Joan Tardà

Dentro de pocas semanas, en una correlación de fuerzas distinta, ya se habrá presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria para que, ahora sí, sea posible llevar a cabo lo que los británicos ya han concluido. Desde el año 2005 reclamamos al Parlamento español la elaboración de un informe sobre Irak como el 'informe Chilcot' llevado a cabo en Gran Bretaña. De hecho -perdonad la petulancia-, lo reclamamos más ambicioso, porque añadimos a la demanda el detalle de la participación militar española -y su coste-, la actuación de los servicios de espionaje, la cuantificación de la ayuda oficial enviado (el dinero que se destinó y con qué fines) y la publicación de los compromisos comerciales públicos y privados que se han realizado (en otras palabras, qué empresas españolas se beneficiaron del 'pastel del botín de guerra').

De igual manera, hemos reclamado que se haga una valoración de la situación de los derechos humanos en Irak, uno de los argumentos fuerza para justificar su invasión. De hecho, un informe de Amnistía Internacional de 2013 titulado 'Irak: Una década de abusos' recuerda que, más allá de restaurarse la pena de muerte y las ejecuciones, "la tortura es una práctica generalizada e impune de las fuerzas gubernamentales". En este mismo sentido, hay que subrayar como la invasión de Irak ha alimentado el terrorismo internacional y, además, se siguen negando los derechos del pueblo kurdo.

Todas las nuevas informaciones e investigaciones que aparecen sobre Irak confirman lo que ya decíamos el 2003: no había pruebas sobre la posesión de armas de destrucción masiva y los posibles indicios eran fruto de la manipulación y la mentira de los protagonistas de la foto de las Azores con el objetivo de justificar una guerra y una ocupación de Irak absolutamente ilegales e ilegítimas. En otras palabras, Aznar, como Bush y Blair, son susceptibles de ser juzgados.

En 2003, ya lo decíamos en el Parlamento español y en las calles: se trataba de una guerra para lograr recursos petroleros. Pero iba incluso más allá, también incluía el negocio de las empresas de los países que participaron en la ocupación del país. No en vano, antes de iniciarse el ataque militar, el entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, hacía gestiones para garantizar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción de Irak, mientras Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa, afirmaba ante el Comité Hispano-Iraquí de Cámaras de Comercio que "hay un especial deseo de EEUU para que España participe en la reconstrucción". En esta misma línea, el 13 de mayo de 2003, el gobierno del PP prometió a las empresas españolas una cuota de participación del 9%, que significaba -según los cálculos- un volumen de negocio de alrededor de 6.000 millones de euros.

Sin embargo, ninguna empresa española se llevó contrataciones o subcontrataciones hechas en un primer momento, y el Gobierno del PP, mediante el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, trasladó a Donald Rumsfeld su malestar por la exclusión de España del botín de guerra y su demanda que las empresas españolas pudieran beneficiarse del 'pastel iraquí mediante los fondos y proyectos de instituciones multilaterales, contactos directos con empresas iraquíes, fondo de la Conferencia de Donantes de Madrid o de una segunda fase de subcontrataciones de las empresas estadounidenses. Animadas por el gobierno Aznar y esperando lucrarse de la guerra, hubo buitres oliendo el negocio manchado de sangre: cámaras de comercio españolas que hicieron viajes a países como Irak o Kuwait buscando inversiones, grandes bufetes de abogados ofreciendo asesoramiento a empresas y grandes entidades bancarias ofreciendo financiación.

El Gobierno incluso hizo negocio mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tanto fue así que Intermón-Oxfam denunció que los primeros 50 millones de ayuda sólo 6,7 eran verdadera ayuda para la población iraquí. Además, debemos tener presente que buena parte de las oenegés beneficiadas eran entidades vinculadas directa o indirectamente al Partido Popular.

Continuamos empeñados en desenmascarar cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron al Gobierno a apoyar la invasión, la guerra y la ocupación de Irak y queremos saber si, finalmente, hubo empresas españolas que se beneficiaron de esta actuación criminal.

Después de todo, los conflictos no resueltos siempre vuelven.