Empresas públicas: entre la eficiencia y el escapismo

El enésimo episodio de corrupción que desembocó ayer en el registro de algunos ayuntamientos y en la detención de exalcaldes, consultores y gente de diversa condición, parece tener el epicentro en las llamadas entidades públicas empresariales locales, que los implicados habrían creado y utilizado para evitar controles políticos y administrativos sobre la gestión municipal.

Estas entidades son una modalidad de empresa pública que las leyes permiten crear a las administraciones públicas (incluidos los ayuntamientos) con el fin de gestionar con mayor eficiencia los servicios públicos con un fuerte componente empresarial, como podría ser el abastecimiento de agua, el saneamiento, los residuos o determinadas operaciones urbanísticas. Es una figura pensada para hacer más eficiente la gestión pública, para hacerla más competitiva en términos de costes económicos con la privatización. En definitiva, estas entidades deben servir para que el sector público gestione directamente, con más agilidad y menor costo, servicios económicamente complejos, sin necesidad de externalizar a empresas privadas.

Para ganar eficiencia, estas entidades actúan bajo un sistema de controles distinto a los aplicados sobre la Administración. En vez de controles de la intervención municipal previos a cada gasto, sus cuentas se someten a una auditoría posterior a su ejecución. En vez de actuar bajo control del pleno municipal, estas entidades lo hacen bajo el control políticamente más indirecto de un consejo de administración designado por el mismo pleno. Parece ser que habrían aprovechado estas circunstancias para eludir el control jurídico de los funcionarios municipales y el político de los concejales de la oposición. Habrían usado una herramienta creada para ganar eficiencia para hacer escapismo de la legalidad.

RENDIR CUENTAS

¿Es que los corruptos lo tienen más fácil con estas entidades? No necesariamente. Su gestión está sometida a la intervención municipal, que puede revisar hasta el último detalle cualquier movimiento de sus recursos y adoptar medidas para exigir responsabilidades, si es necesario. También deben rendir cuentas ante el control que pueden ejercer los miembros del ayuntamiento. El hecho de que no se les aplique el control típico de las administraciones públicas no significa que actúen al margen de control público.

El problema no está tanto en la ausencia de controles eficaces, sino, probablemente, en la falta de ejercicio riguroso de los que hay. Y, naturalmente, en la creatividad ilimitada de los corruptos, perfectamente capaces de desplegar su actividad sobre cualquier tipo de entidad o empresa pública o privada. Sería una doble pérdida para los intereses generales si, a raíz de este episodio, además de sufrir los efectos de la corrupción, nos diera por demonizar las entidades públicas empresariales locales. El hecho de que algunos delincuentes las utilicen para hacer escapismo no nos puede llevar a cuestionar su utilidad para la gestión eficiente de los servicios públicos.