Reimpulsemos la Oficina Antifrau de Catalunya

Por primera vez, el Parlament ha destituido a un cargo nombrado por la misma cámara. La designación de Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) fue revocada después de que una inmensa mayoría de diputados considerase, a raíz de sus conversaciones con el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que había actuado de manera negligente. Las grabaciones publicadas habrían destapado una conspiración para criminalizar y difamar a determinados líderes y opciones políticas.

Se trata de un caso de dimensiones gravísimas. Lo es, por supuesto, para las personas y los partidos afectados. Pero también porqué pone seriamente en cuestión la credibilidad del Estado, pues vulnera y hace que se tambalee un intangible, imprescindible en toda sociedad democrática: la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. No podemos engañarnos: el escandaloso contenido de las grabaciones nos muestra la debilidad del estado de derecho y nos obliga a actuar a aquellos que tenemos responsabilidades.

El Parlament, en aquello que le compete, ha actuado y lo continuará haciendo. Ha respondido a los hechos de forma contundente y con la máxima celeridad, garantizando los derechos de todas las partes. Al día siguiente de ser publicadas las primeras grabaciones, la Mesa del Parlament nos reunimos de manera extraordinaria y se pusieron en marcha los mecanismos para iniciar el procedimiento de revocación, que culminó una semana después con el acuerdo del Pleno de la cámara para destituir a De Alfonso. El mensaje ha sido claro: tolerancia cero contra la corrupción y la negligencia. Por ello, pese a la gravedad de los hechos, podemos estar satisfechos con la actuación del Parlament, ya que tanto su personal como los representantes de la ciudadanía han estado a la altura en una situación sin precedentes.

Una vez se ha hecho efectiva la destitución, y al margen de otras acciones que  puedan llevarse a cabo, debemos mirar hacia adelante y encarar el futuro. Lo que ha sucedido no debe poner en duda la necesidad de un organismo imprescindible para la prevención de malas prácticas y la lucha contra la corrupción; un organismo pionero, único en el Estado español, clave y estratégico en el camino que recorremos para construir un país más limpio y justo.

Tomemos esta forzada renovación de la OAC como una oportunidad para hacerlo mejor y situar como su máximo responsable a una persona de consenso, honesta e íntegra, con fuerza para trabajar por el país, que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y debemos hacerlo cuanto antes mejor. Pero hablamos de una decisión capital, que marcará el rumbo de la OAC, y, por tanto, debemos estudiar con detenimiento las opciones que haya sobre la mesa, sin precipitación. Aun así, el Govern, que es a quien por ley corresponde hacerlo, debe proponer en el menor margen de tiempo posible a una persona que cuente con el aval mayoritario del Parlament.

Y más allá del nombre, aprovechemos también esta situación para plantear, si es necesario, qué se puede mejorar del funcionamiento de este organismo.  No para restarle competencias, sino para reforzarlo; no para debilitar su independencia, sino para asegurar que sea una herramienta eficaz y segura para mejorar el país. No debe ser útil solamente para investigar, sino que debe continuar siendo un organismo de prevención y corrección de malas prácticas, de pedagogía para las administraciones catalanas en la lucha contra la corrupción. Dotémosla, por tanto, de los instrumentos necesarios para que su personal pueda llevar a cabo dichas tareas en las mejores condiciones.

Si la fortaleza de una sociedad se mide por su capacidad de sobreponerse a las dificultades, superémoslas y demostremos que podemos hacer un país mejor. 'Perquè tot està per fer i tot és possible'.