Poniéndolo difícil, por si acaso

El informe anual del 2015 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) muestra no solo lo difícil que resulta en España obtener el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria de los que llegan por Ceuta, Melilla o Barajas, y la consabida escasa cooperación española en la redistribución y acogida de los que llegaron a Europa por Grecia, sino el fracaso de las políticas europeas de contención, que solo han servido para desviar la ruta hacia Libia e Italia, haciendo el viaje más mortífero. Y mientras, la Unión Europea hace malabarismos para cumplir su parte del acuerdo que convierte a Turquía en el garante de nuestras fronteras a cambio de eximir a los ciudadanos turcos de la exigencia de visado, pese a que hay diversos aspectos de la política derechos humanos de Ankara que deberían impedir ese pacto.

Una de las peticiones con las que la CEAR acompañó ayer la presentación del informe es que de una vez por todas se apruebe el reglamento de la ley de asilo del 2009, aprobada en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ley que se está aplicando sin el reglamento que la desarrolla, lo que incumple la exigencia de aprobarlo antes de mayo del 2010. Recientemente coincidí en un acto con Anna Terron, que fue secretaria de Estado de Inmigración con Zapatero, y le pregunté a qué se debía que tras tanto tiempo la ley careciera del correspondiente desarrollo normativo. Y Terron respondió que, mientras ella fue secretaria de Estado, el Ministerio del Interior puso todas las trabas a la aprobación del reglamento; trabas que han continuado con el Gobierno de Rajoy, y gracias a eso los tiempos de demora en resolver un caso o para una reagrupación familiar pueden alargarse y dar más margen para inadmitir a trámite las peticiones.

Falta de voluntad política

Esta ausencia de reglamento y de voluntad política facilita la gran desproporción entre las solicitudes presentadas (14.881) y las resueltas (solo 3.240). Y de estas, solo 1.020 fueron positivas, el 31%, frente a 2.220 negativas, el 69%. Con lo que la conclusión no es otra que en una Europa insolidaria ante los refugiados, España continúa estando a la cola. Y lo más sorprendente es que mientras que en otros países se justifica el rechazo a la acogida de más refugiados por la existencia de una ultraderecha que presiona en el Parlamento y en la calle, aquí esta ultraderecha política y mediática no existe.

No sabemos qué gestión de la crisis de los refugiados se habría hecho si otro inquilino hubiera ocupado la Moncloa. Pero tristemente las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla comenzaron con Zapatero, y los socialistas tampoco se molestaron en sus dos últimos años en aprobar el reglamento de la ley de asilo. Y es que puede que, más allá de las buenas palabras sobre solidaridad y acogida, prevalezca la idea de que tras una década en la que España acogió a millones de inmigrantes en pleno crecimiento económico había que ponerlo difícil a los que como refugiados llegasen desde la vecina África a España, puerta de Europa. En eso estamos.