Paso clave en el caso de los ERE andaluces

Tras cinco años largos de pesquisas judiciales, el caso de los ERE andaluces alcanzó ayer un punto de inflexión al decretar un juzgado de Sevilla el procesamiento de 27 excargos autonómicos socialistas, entre ellos dos piezas mayores: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que corre el riesgo de ser condenado a penas de prisión. El fraude que se investiga es descomunal y se resume así: durante diez años (del 2000 al 2010), la Junta de Andalucía, controlada entonces y ahora por el PSOE, repartió arbitrariamente no menos de 854 millones de euros del erario. Un enorme caudal de dinero que se usó para prejubilaciones inmerecidas, ayudas discrecionales a empresarios afines y otras regalías de motivo pretendidamente social. El dinero se concedía sin ningún control ni procedimiento, sino con zafio clientelismo. Técnicamente, prevaricación y malversación de fondos.

El caso de los ERE ha empañado gravemente la larga gestión socialista en Andalucía y ha contribuido a prolongar la imagen de que la gran dificultad de la región para crear empleo (hoy, según la EPA, tiene un paro del 29,7%, nueve puntos más que la media española) la aboca a irregularidades generalizadas como esta. Abona esta tesis el hecho de que las anomalías se prolongaron durante mucho tiempo y fueron conocidas por muchas personas: los distintos flancos del caso suman casi 300 imputados.

Este escándalo es, con diferencia, el más grave de los que tienen abiertos los socialistas. Y aunque no es ni lejanamente comparable a lo que sucede en el PP con el caso Bárcenas y sus innumerables ramificaciones (el PSOE no se ha financiado ilegalmente, que se sepa, con el caso de los ERE), pueden sufrir daños políticos. Ayer mismo, Chaves y Griñán se dieron de baja del partido, tal como estaban obligados por el código ético interno, pero es una decisión que ha tardado mucho. Y falta ver el impacto de los procesamientos en las elecciones del día 26, en las que Andalucía, como de costumbre, será capital para el PSOE. Un mal resultado en la región perjudicaría tanto a Pedro Sánchez como a Susana Díaz, que no oculta sus apetencias de relevarle. Suceda lo que suceda en el plano político, el caso de los ERE tiene aún un largo recorrido judicial, que probablemente lo confirmará en un lugar destacado de las peores prácticas políticas en España.