Des-concertados

El Parlament rechazó hace unos días y a duras penas la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre educación que propugnaba acabar con los conciertos educativos para que Catalunya tenga una única red de escolarización cuya titularidad sea exclusivamente pública. El 'conseller' de Salut, Toni Comín, por su parte, decidió nada más debutar en el cargo expulsar a la Clínica del Vallès y al Hospital General de Catalunya de la red de centros sanitarios de utililización pública con la excusa que ambos son de titularidad privada y ánimo de lucro. Comín, criado en las ubres de la política como narrativa, quería un titular. Sin calibrar siquiera dónde se tratarían los pacientes allí atendidos y los despidos que comportaría esta decisión, se lanzó a la piscina porque lo prioritario era reivindicarse como un centurión de lo público publiquísimo.

Catalunya se desliza peligrosamente por el tobogán de la criminalización discursiva de la actividad y la gestión concertada/privada. Todo lo que no es público es sospechoso. Lo son incluso las fundaciones, las órdenes religiosas, los consorcios, las mutuas; entidades que no aspiran a ganar dinero sino tan solo a prestar un servicio público desde la autonomía en la gestión derivado -¡faltaría más!- de haber puesto al servicio de la sociedad su propio patrimonio.

CLIMA DE LINCHAMIENTO

Todo lo que no sea Administración pura y dura está bajo sospecha en un clima de linchamiento tan injusto como nada productivo. Imaginemos que se pone fin, tal y como proponía la ILP, a los conciertos educativos. Además de conculcar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, deberían convocarse oposiciones para incorporar como funcionarios a 30.000 docentes que ahora prestan sus servicios en los colegios concertados, amén de construir 700 escuelas e institutos.

En el ámbito de la salud, a diferencia de la educación, no hay derecho a elegir un tratamiento para una dolencia que equivalga a la preferencia por un proyecto educativo. El enfermo aspira únicamente a ser tratado con rapidez y eficacia. Pero fíjense en las cifras, 55 de los 63 hospitales de Catalunya son concertados. Es decir, el edificio, los médicos, las enfermeras, los gestores... no son propiedad ni trabajan para la Administración directamente.

El total de profesionales de la salud que desarrollan su labor en centros concertados alcanza las 50.000 personas. Sant Joan de Déu, Santa Tecla, San Rafael, Campdevànol, Mútua de Terrassa, Fundació Puigvert, Pere Mata..., la lista de centros concertados es tan larga como sorpresiva para la mayoría de ciudadanos que desconocen -porque no les importa- de quién es en última instancia el centro donde los han curado. Imagínense que fuera la Administración la que tuviera que construir esos centros y contratar directamente a sus profesionales.

No parece que el presupuesto público esté en condiciones -tampoco el ciudadano, que ya no puede pagar más impuestos- de hacer realidad tales fantasías. Pero aún sería más grave, dinero al margen, perder la posibilidad de ser tratados o educados en centros de referencia, con décadas y décadas de trayectoria, buen hacer y experiencia a sus espaldas.

El director adjunto de este periódico, Albert Sáez, explicaba en el artículo 'Concertado no es privado' que buena parte de las escuelas y hospitales que hoy prestan servicio público, aunque su titularidad no lo sea, nacieron en los años 90 del siglo XIX como iniciativas sociales para suplir la inexistencia del Estado en un momento histórico en el que en Catalunya el Estado del bienestar no era ni imaginable.

ADN DE LA SOCIEDAD CATALANA

Los conciertos y la colaboración público-privada son pilares fundamentales de una sociedad moderna y una Administración eficaz. Además, por historia se han ganado a pulso formar parte del ADN de la sociedad catalana. También permiten escalar la demanda, dar un margen de libertad de elección a los ciudadanos y exprimir al máximo los recursos económicos. Constantemente se saca pecho en Catalunya de que, a diferencia de otras comunidades, tenemos una 'ratio' de funcionarios razonable y muy por debajo de la media. Esto es así por los conciertos y por la participación de empresas, fundaciones, órdenes religiosas y demás en la prestación de servicios públicos que no son contabilizados como empleados públicos, no solo en educación y salud, sino también en servicios sociales.

También se afirma solemnemente que aspiramos a unos servicios públicos de la amplitud y calidad de los países nórdicos. Pues bien, en esos países la fórmula seguida ha sido la participación desacomplejada del sector privado y concertado en los servicios básicos. Les importa la calidad del servicio, no quien lo presta. Aquí estamos dispuestos a intentar sorber y soplar al mismo tiempo. Son tiempos de desconcierto, ciertamente.