Los derechos no se suspenden

En el corazón de la representación organizada de la sociedad civil late más que nunca la emergencia necesaria de reclamar las medidas urgentes e imprescindibles para combatir la pobreza.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hace un mes recurrir ante el Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, porque considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Se trata de una más de las muchas leyes recurridas por el Estado -igualdad entre mujeres y hombres, actividad de los gobiernos locales, impuesto a las viviendas vacías, impuesto a las nucleares...- en un intento de desmantelar la capacidad ejecutiva del Govern y la democrática del Parlament, que la aprobó por unanimidad. Pero lo más indignante es que use en su lucha contra las instituciones catalanas a las personas más vulnerables, principales destinatarias de la mayoría de leyes recurridas o declaradas inconstitucionales.

UN PAÍS MEJOR Y MÁS COHESIONADO 

Sea cual sea la naturaleza jurídica que la ciudadanía decida libremente para Catalunya, los derechos sociales son la primera piedra del futuro que queremos asegurar, y solo su defensa valiente nos hará merecedoras y merecedores de un país mejor y más cohesionado socialmente. Por este motivo nos hemos unido las entidades sociales, sindicales, culturales, soberanistas por una sociedad inclusiva y alzamos juntas la bandera compartida del derecho a la vivienda, el derecho a una sanidad pública para todos, el derecho al trabajo digno, los derechos de las personas consumidoras, el derecho a la educación pública de calidad.

Exigimos, en consecuencia, la plena aplicación de las leyes de emergencia habitacional y energética y la ley de igualdad que han sido suspendidas por el TC. Porque la defensa de los derechos también implica la defensa de las leyes que los aseguran. Es del todo inadmisible la práctica agresiva del Gobierno del Estado, que lleva a cabo un vaciado continuo de las competencias del Parlament al tiempo que promueve recursos y aprueba leyes propias que provocan la pérdida de derechos políticos, sociales y laborales.

LEYES QUE RESTRINGEN LIBERTADES

La utilización política de la crisis económica ha tenido como resultado un incremento alarmante de la pobreza y de las desigualdades sociales al mismo tiempo que se producía una actuación de reformas del marco institucional y legislativo con la voluntad de liquidar los instrumentos democráticos de que la sociedad dispone para oponerse a ello. Las leyes que restringen las libertades democráticas empobrecen los derechos de una sociedad que ya se ha visto sometida a demasiados recortes presupuestarios y políticos.

Creemos que hay que enderezar esta vía equivocada, y en primer lugar defendemos la reversión de los recortes, empezando por la reforma laboral, que ya se ha demostrado ineficaz contra el paro y que debilita de manera muy preocupante los derechos de quienes trabajan. También exigimos la retirada inmediata de la LOMCE, que pone en peligro la plenitud del derecho a la educación pública de calidad. Necesitamos un marco económico comprometido con el bienestar de las personas y no al servicio de la austeridad. También consideramos urgente la aprobación por el Parlament de la propuesta de ley de la renta garantizada de ciudadanía y todos los cambios necesarios para garantizar los derechos sociales y para asegurar que avanzamos en la dirección de una sociedad más libre, más justa, con la igualdad de género como un eje central de la calidad democrática.

UN NUEVO CONTRATO POLÍTICO

Ahora más que nunca el país necesita y reclama un nuevo contrato político que ponga a la ciudadanía en primer término. El trabajo digno, los derechos sociales y la democracia real son los fundamentos del futuro compartido que decidimos desde ahora mismo.

Por ello entendemos que nos une la bandera social y también nos reúne la bandera nacional. Porque la plenitud nacional de Catalunya solo se logrará si hay justicia social para todos. Sea cual sea el marco específico de esta libertad nacional, que de manera democrática se acuerde, y sea cual sea la preferencia de cada uno, nos unimos con lazos inseparables para decir en voz alta que los derechos no se suspenden, que los derechos se ejercen y que, cuando esto no es posible debido a imposiciones, sentencias y tejemanejes institucionales, los derechos se defienden y se reclaman. He aquí el combate. He aquí la puerta de la auténtica libertad.

Por eso invitamos a todos a participar en una manifestación unitaria que convocamos conjuntamente con un amplio abanico de entidades del país este domingo 29 de mayo a las 12 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona. Que no nos suspendan la justicia social. Que no nos suspendan la democracia. Que no nos suspendan las libertades.

Firman también el artículo Joan Carles Gallego (CCOO), Camil Ros (UGT), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Diosdado Toledano (Comisión promotora de la ILP Renda Garantida Ciutadana).